Le explicamos la razón por la que los empleados de diferentes zapaterías decidieron sublevarse, con piedras y palos, contra las fuerzas policiales que intentaron reprimirlos con gases lacrimógenos en medio de una batalla campal en el centro de la ciudad.
Una nueva situación de zozobra se vivió en las calles del centro de Cúcuta, ayer, 29 de marzo, generado por el enfrentamiento entre vendedores ambulantes y trabajadores de almacenes y locales comerciales, contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.
Todo luego de que miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ingresaran a unos almacenes situados en la calle 12 con avenida 5, decomisaran una gran cantidad de pares de zapatos, que estaban almacenados en decenas de sacos.
Lo que al principio parecía un procedimiento pacífico y tranquilo terminó convirtiéndose en una trifulca que generó pánico entre los transeúntes del centro de la ciudad.
Y es que comerciantes y trabajadores, algunos de ellos encapuchados, se armaron con piedras y hasta palos para impedir, en medio de la batalla campal, la acción policial, ocasionando que muchos de los comercios cerraran sus puertas por ayer y hoy.
Según el primer informe de las autoridades, ayer por la mañana se detuvo a dos personas y se decomisó todo el material que no tenía la documentación respectiva para ser vendidos.
El teniente coronel Sergio Saavedra, de la Mecuc, informó a los medios de comunicación que se trataba de un procedimiento rutinario y que los comerciantes sólo debían acudir a las oficinas de la autoridad aduanera con los documentos que respaldan la legalidad de la mercancía retenida.
Uno de los manifestantes se dirigió a los agentes del Esmad para decirles que están «atropellando» a unas «pobres personas que pueden alimentar a sus hijos».
Finalmente, Francisco Palacios, un veedor de la ciudad que acompañó a los manifestantes, dijo que las autoridades están atacando a quienes pagan sus impuestos y trabajan, quienes, además, «contribuyen a pagar los salarios de los funcionarios públicos».
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