Según Olaya, en cada jornada festiva organizada por la Junta de Acción Comunal o por terceros a los que esta les cede la organización como el expresidente de la Junta, Alirio Medina se limita su derecho al trabajo mediante bloqueos físicos, vallas, polisombras y hasta vigilancia intimidante. “Me enmallan la caseta, me tapan con polisombra verde solo a mí y no me permiten vender ni gaseosas”, denunció con frustración.
Relata que incluso cuando el alcalde Germán Casagua visitó el lugar durante los festejos del 20 de julio, fue testigo del encierro en su contra. Aunque prometió dialogar con los organizadores, las medidas solo se relajaron temporalmente y, según Olaya, la situación se repitió al día siguiente.
Denuncia
La afectada afirma que se siente perseguida, especialmente porque alza la voz y denuncia irregularidades: “Yo trabajo honradamente, vendo papas, gaseosa, soda, cosas básicas. Pero por decir la verdad me hacen la guerra”. También cuestiona que, mientras a vendedores externos se les permite operar libremente, a ella vecina de toda la vida se le impide participar.
Además, apunta a la falta de control institucional sobre las actividades de la Junta. “Cada año hacen fiestas, reciben ayudas del municipio y empresas, pero Fortalecillas sigue sin pavimento, sin rendición de cuentas, y no se ve la inversión”, afirmó.
Olaya también denunció cobros indebidos por el uso del espacio público: “A personas como mi hermana, que vende platos de comida, les cobran hasta 200 mil pesos, cuando existe un documento que prohíbe esos cobros por parte de la Junta”.
Exige
La comerciante exige que la Secretaría de Espacio Público y la Casa de Participación tomen medidas frente a los abusos. “Las fiestas son del pueblo, no de unos pocos que se lucran mientras excluyen a los propios”, declaró. Señala además que la corregidora local se negó a atender su denuncia y llegó incluso a lanzar amenazas veladas, según su testimonio.
Olaya hace un llamado urgente al alcalde y a las entidades competentes: “Tengo 56 años, soy pensionada, pero sigo trabajando con dignidad. No es justo que me acosen ni me quiten el derecho a ganarme la vida”.
La comunidad de Fortalecillas exige respuestas claras y una supervisión real de quienes gestionan recursos en nombre del pueblo. La situación, más allá de un caso aislado, refleja tensiones latentes en la participación comunitaria y el uso del espacio público en zonas rurales de Neiva.