La crisis fiscal que atraviesa Colombia tiene muchos rostros, pero hay uno que el propio presidente Gustavo Petro no se cansa de señalar, los subsidios a la gasolina y al diésel.
Para el mandatario, cubrir esos pagos con dinero público fue uno de los “peores errores de política económica” de los últimos años. Y aunque Ecopetrol ya recibió los recursos, el debate apenas comienza: ¿quién debe asumir la deuda que dejó ese hueco billonario?
Detrás de la discusión hay cifras que marean.
Entre enero de 2022 y junio de 2025, la Nación destinó $72,8 billones al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), el mecanismo creado hace casi dos décadas para proteger a los usuarios de los vaivenes del mercado internacional. El subsidio funciona así, Ecopetrol produce o importa el combustible y debe recibir el valor internacional, pero los consumidores en Colombia pagan un precio más bajo. El Estado cubre la diferencia.
El problema se disparó durante la pandemia
, cuando el gobierno de Iván Duque congeló los precios de los combustibles. Mientras afuera subían, en Colombia se mantenían estables. Esa decisión acumuló una deuda que luego la administración Petro empezó a cubrir, con un costo que hoy sigue pesando sobre las cuentas fiscales.
En medio de esa tensión, el país enfrenta el reto de cerrar el hueco fiscal sin agravar la crisis social ni comprometer el futuro de Ecopetrol. La manera en que el Gobierno resuelva este desafío marcará buena parte del legado económico de la administración Petro.
