El intendente jefe Luis Carlos Bonilla Barrera, comandante de la Policía en Teorama, Norte de Santander, fue asesinado este lunes mientras cumplía con labores de patrullaje y control territorial en el casco urbano del municipio.
El ataque fue perpetrado por un francotirador en circunstancias que aún están bajo investigación. Aunque no se ha confirmado la autoría del hecho, las primeras hipótesis apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado con presencia activa en la región.
Tras recibir el impacto, el uniformado fue trasladado de inmediato al centro médico local en una carretilla improvisada por sus compañeros, según imágenes que circularon en redes sociales. Aunque llegó con vida al centro asistencial, su fallecimiento fue confirmado poco después debido a la gravedad de las heridas.
Un patrón alarmante
Este no es el primer caso de un comandante asesinado en Teorama por un francotirador. En abril de 2017, el subintendente Jaime Leonel Mariño también perdió la vida en un ataque similar mientras instalaba un puesto de control. El suceso marcó un precedente doloroso que parece repetirse, reflejando la compleja situación de seguridad en la región.
Norte de Santander continúa siendo una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Según estadísticas recientes, el departamento registra altos índices de homicidios vinculados a disputas entre grupos armados ilegales y actividades criminales. Hasta agosto de 2023, se contabilizaron 334 homicidios en la región, y se teme que las cifras para 2024 puedan superar este récord preocupante.
La localidad de Teorama, en particular, ha sido escenario frecuente de actos violentos debido a su ubicación estratégica y la presencia de grupos al margen de la ley que buscan mantener control territorial en la zona del Catatumbo.
Reacciones y medidas
El asesinato del intendente jefe Bonilla ha generado consternación entre las autoridades y la comunidad local. Desde la Policía Nacional se ha reiterado el compromiso de garantizar la seguridad en la región y se están llevando a cabo operativos para identificar y capturar a los responsables del ataque.
Además, las autoridades locales y nacionales han hecho un llamado urgente al fortalecimiento de las estrategias de seguridad en zonas críticas como el Catatumbo, mientras que organizaciones de derechos humanos han señalado la necesidad de redoblar esfuerzos para proteger a la población civil y a los miembros de la fuerza pública que operan en estas áreas de alto riesgo.
Este hecho subraya la urgencia de avanzar en soluciones integrales para enfrentar la violencia que continúa afectando a las comunidades de Norte de Santander.
