Las autoridades colombianas denuncian que el proceso se realizó de forma unilateral y sin los protocolos binacionales necesarios.
Entre el 25 y el 26 de julio de 2025, Ecuador inició un masivo proceso de deportación de ciudadanos colombianos privados de la libertad en distintas cárceles de su territorio. Se estima que entre 800 y 1.000 connacionales fueron retornados, como parte de una reforma legal impulsada por la Asamblea Nacional ecuatoriana para descongestionar su sistema penitenciario.
Según la información oficial, al menos 603 personas ya habían sido registradas en Colombia hasta la tarde del 26 de julio. De ese total, 450 ya se encontraban en la ciudad fronteriza de Ipiales, mientras que el resto permanecía en el Puente Internacional de Rumichaca esperando su ingreso.
Reacciones
La Cancillería de Colombia calificó el procedimiento como un acto “inamistoso”, al señalar que se llevó a cabo sin coordinación binacional ni garantías suficientes para los derechos humanos de los deportados. Asimismo, advirtió que no se activaron protocolos de repatriación formal ni se brindó información anticipada y detallada a las autoridades colombianas.
En contraste, el gobierno de Ecuador respondió que las notificaciones diplomáticas se realizaron desde el 8 de julio y que se trató de procesos individuales sustentados en resoluciones judiciales de excarcelación, negando que se trate de una deportación colectiva.
Documentación
El mayor Edwin Franco, comandante del Distrito Uno de Policía en Ipiales, confirmó que muchos de los deportados ingresaron sin documentos claros y sin verificación judicial nacional, lo cual ha facilitado que gran parte de ellos recupere su libertad de inmediato, al no presentar requerimientos judiciales vigentes en Colombia.
La Cancillería colombiana, por su parte, informó que ha recibido antecedentes de 348 personas, pero solo 11 de ellas tenían órdenes de captura en el país, una incluso con circular roja de Interpol. El resto no tenía causas judiciales activas en Colombia, por lo cual no fueron privados de la libertad al ingresar.
Diplomacia
Ante el escenario generado, el gobierno colombiano emitió una nota de protesta diplomática formal dirigida a Quito, en la que advierte sobre posibles acciones adicionales en el ámbito bilateral. El pronunciamiento acusa a Ecuador de incumplir convenios internacionales, especialmente aquellos relacionados con la repatriación y los derechos de las personas privadas de la libertad.
Desde Ecuador, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) aseguró que todos los procedimientos siguieron las normas legales y que no hubo irregularidades. El Ejecutivo ecuatoriano insistió en que cada caso fue tratado de forma individual y con base en decisiones judiciales internas.
Contención
Ante la magnitud del ingreso, las autoridades de Ipiales han debido asumir la carga humanitaria del proceso. La Alcaldía Municipal, junto a Migración Colombia, Defensa Civil y otras entidades, habilitó albergues temporales, atención médica de emergencia y acompañamiento psicosocial para los deportados.
No obstante, el esfuerzo ha sido limitado por la falta de coordinación previa y apoyo del gobierno central. Por ello, el Mando Unificado de Nariño trabaja en acciones de contención para evitar el colapso en el puente de Rumichaca y mantener el orden público en la ciudad.