En una operación binacional sin precedentes, denominada ‘Amazonía Libre II’, Colombia y Brasil destruyeron 14 “súper dragones mineros”, maquinaria de alta capacidad destructiva utilizada para minería ilegal en los ríos Puré, Purité y Cotuhé, en el corazón de la Amazonía compartida.
El operativo, considerado un hito en la coordinación ambiental y de seguridad regional, reafirma la decisión conjunta de ambos países de frenar la devastación del bioma amazónico y de enfrentar a las estructuras criminales transfronterizas responsables de la deforestación, la contaminación con mercurio y la afectación directa a comunidades y ecosistemas.
“La Amazonía es un patrimonio mundial y su protección exige una respuesta unificada y contundente. Esta operación demuestra que no vamos a permitir el avance de la minería ilegal ni de las organizaciones criminales que impulsan la deforestación y la contaminación con mercurio en la cuenca amazónica”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia (e), Irene Vélez Torres.
Desde 2023, las entidades presentes en el territorio, con apoyo del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef), realizaron seguimiento continuo a las actividades ilegales para identificar, contener y judicializar a los responsables. Gracias a esta información, el pasado 18 de noviembre se consolidó un operativo de alto riesgo que desplegó a 92 uniformados de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar), en coordinación con la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la Policía Federal de Brasil y el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía.
La operación contó con tres helicópteros UH-60 de DIRAN, unidades entrenadas en selva profunda y apoyo aéreo binacional.
El resultado fue contundente: las autoridades destruyeron e inhabilitaron 14 dragas —ocho en Colombia y seis en Brasil—, 33 motores, tres remolcadores y una excavadora, además de incautar 4.800 galones de combustible, 2,5 kilogramos de mercurio, 25 cilindros de gas y una planta eléctrica. Cada una de estas dragas podía extraer hasta 6.000 gramos de oro mensuales, con una rentabilidad cercana a 9,3 millones de dólares.
Este golpe afectó directamente las finanzas del Bloque Amazonas del EMC y de los Comandos de Frontera, con pérdidas estimadas en 12.000 millones de pesos por maquinaria destruida, además de frenar las ganancias ilegales derivadas de los “impuestos” criminales —equivalentes al 10% del oro extraído— que representaban alrededor de 2.016 millones de pesos mensuales.
Durante la intervención se registraron hostigamientos armados que evidencian la sofisticación y la creciente capacidad de reacción de estas organizaciones. Las autoridades también hallaron una excavadora operando en plena selva, lo que demuestra que los grupos ilegales están migrando hacia la minería a cielo abierto, una modalidad que acelera la deforestación y provoca el desplazamiento de fauna silvestre.
El tipo de dragas encontradas —todas metálicas y altamente tecnificadas— demuestra la expansión de estructuras capaces de operar durante largos periodos en zonas remotas, alejadas de los centros poblados para evadir la acción del Estado. Además, la operación evitó el vertimiento de combustibles y mercurio en un afluente que alimenta un Parque Nacional Natural donde habita la última tribu no contactada de Colombia y que alberga especies emblemáticas como el delfín rosado, el jaguar, el manatí, el oso hormiguero y el mono tití.
La articulación estratégica entre DICAR, la Dirección Especializada contra los Delitos Ambientales de la Fiscalía General de la Nación, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Cancillería y el apoyo técnico del Conaldef hizo posible el operativo. Esta acción demuestra la urgencia de fortalecer la presencia integral del Estado y de consolidar mecanismos permanentes de cooperación binacional frente a las economías ilegales que amenazan la biodiversidad amazónica, la seguridad territorial y los derechos de los pueblos indígenas.
