El fenómeno del secuestro en Colombia ha evolucionado, extendiéndose más allá de los grupos guerrilleros hacia distintos sectores de la sociedad. Organizaciones como las FARC, el ELN, disidencias guerrilleras y grupos criminales han impuesto su voluntad mediante el secuestro, extorsión y violencia, afectando a comunidades, empresarios y el Estado.
Este panorama ha generado críticas sobre cómo los acuerdos de paz transformaron esas prácticas en concesiones políticas, recursos y reescritura de la historia. Se denuncia cómo sectores como el transporte de carga, ambientalistas radicales y congresistas han adoptado tácticas similares para lograr sus objetivos, ejerciendo presiones abusivas que afectan la gobernabilidad, la economía y la soberanía energética del país.