El 14 de mayo se convirtió en una fecha histórica y controvertida para Colombia tras la firma del plan de cooperación bilateral que oficializa la entrada del país a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, conocida como la «nueva Ruta de la Seda», en un acuerdo cuyos detalles permanecen bajo hermetismo absoluto por decisión de ambos gobiernos.
La ausencia de una versión oficial del documento ha desatado una avalancha de especulaciones sobre el verdadero alcance de esta alianza estratégica que podría redefinir para siempre las relaciones geopolíticas de Colombia, mientras analistas advierten sobre los riesgos de la creciente dependencia china.
El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, intentó calmar las aguas convocando una rueda de prensa para detallar las «áreas de cooperación», pero el secretismo inicial ya había generado desconfianza entre sectores que consideran este pacto como una «entrega de soberanía» al gigante asiático.
Esta alianza posiciona a Colombia dentro de la estrategia global china para expandir su influencia económica y política en América Latina, configurando un nuevo eje de poder que desafía la tradicional hegemonía estadounidense en la región y genera preocupaciones en Washington.
La firma de este acuerdo marca un punto de no retorno en la política exterior colombiana, comprometiendo al país en una mega-iniciativa china que abarca desde infraestructura hasta tecnología, mientras crece el debate sobre si Colombia está hipotecando su futuro a cambio de inversiones que podrían convertirse en una trampa de la deuda.
