Colombia tomó una decisión histórica al declarar la totalidad de su bioma amazónico como Reserva de Recursos Naturales Renovables, convirtiéndose en el primer país del mundo en proteger la totalidad de su Amazonía frente a nuevas actividades de gran minería e hidrocarburos. Esta medida, anunciada durante la reunión de ministros de ambiente de la OTCA en la COP30, protege más de 483.000 km² de selva tropical, equivalente al 42% del territorio colombiano y al 7% de toda la Amazonía suramericana.
La medida no solo establece un precedente en América Latina, sino que además representa un compromiso profundo con la preservación del mayor bosque tropical del planeta, clave para la regulación climática global y la supervivencia de miles de especies.
La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, destacó que esta decisión constituye una “inversión ética en el futuro de la humanidad”, al afirmar que la Amazonía debe ser tratada como un territorio vivo, cuyos ríos, bosques y comunidades no conocen fronteras políticas. Vélez también llamó a los demás países amazónicos —como Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela— a conformar una Alianza Amazónica por la Vida, con el fin de coordinar esfuerzos en conservación y manejo sostenible.
La declaratoria incluye los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, zonas que concentran una de las mayores riquezas biológicas del planeta y que son hogar de más de 1,2 millones de personas, en su mayoría pueblos indígenas con sistemas culturales profundamente ligados al bosque. Con esta acción, el Gobierno busca frenar la deforestación, evitar el avance de actividades extractivas y proteger recursos hídricos estratégicos, especialmente en un momento en el que existían 43 bloques petroleros y 286 solicitudes mineras que amenazaban el equilibrio ecológico del territorio.
En paralelo, durante el mismo encuentro, se presentó la Comisión Especial de Medio Ambiente y Clima (CEMAC), una plataforma que impulsará la cooperación entre los países amazónicos en temas como delitos ambientales, desarrollo sostenible, biodiversidad y transición energética. Colombia propuso consolidar esta comisión como un eje articulador de la Declaración de Belém y como un mecanismo para avanzar hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en la región.
Con este anuncio, Colombia envía un mensaje contundente a escala internacional: la defensa del Amazonas es una prioridad que debe estar por encima de cualquier beneficio económico inmediato y debe asumirse como un compromiso colectivo para enfrentar la crisis climática global.
