Colombia enfrentó una nueva ola de polarización política después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), parte integral del Acuerdo de Paz de 2016, emitiera su primera gran sentencia. Siete excomandantes guerrilleros fueron sancionados con trabajos restaurativos por delitos incluyendo el secuestro sistemático de más de 21.000 personas. Sectores de la derecha consideran que la sanción es insuficiente, mientras que organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos valoran el acto como avance pero reclaman penas más severas para casos graves.
La decisión judicial ha reactivado los debates sobre justicia transicional en Colombia, especialmente en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales programadas para los próximos meses. Expresidentes como Juan Manuel Santos han defendido el compromiso del Estado con la paz, aunque reconocen que muchas víctimas no están satisfechas. Además, se espera que en breve la JEP emita otra sentencia relevante, esta vez contra militares implicados en casos de “falsos positivos”, lo cual podría intensificar aún más las divisiones políticas existentes
