El Gobierno colombiano expresó su enérgico rechazo frente a la decisión del Gobierno de Ecuador de deportar a ciudadanos colombianos recluidos en cárceles ecuatorianas sin un protocolo previo que garantice condiciones dignas y seguras.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería de Colombia lamentó que el proceso se esté llevando a cabo sin permitir la verificación plena de la identidad de los detenidos ni de su situación jurídica, lo cual, advirtió, podría constituir una vulneración de normas internacionales sobre derechos humanos y debido proceso.
Colombia anunció que está evaluando acciones diplomáticas y legales para atender la situación y proteger los derechos de sus connacionales. “La deportación de personas privadas de la libertad debe cumplir estándares internacionales, especialmente cuando se trata de ciudadanos extranjeros con procesos abiertos o condenas pendientes”, señala el comunicado.
La medida del gobierno ecuatoriano responde a una iniciativa anunciada en febrero por el presidente Daniel Noboa, quien propuso expulsar a presos extranjeros como estrategia para reducir el hacinamiento carcelario. Según cifras preliminares, cerca de 800 colombianos estarían en la lista de deportación en las próximas semanas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano solicitó una reunión urgente bilateral para discutir el tema y evitar que la decisión unilateral escale en una crisis diplomática.
