El Gobierno de Colombia denunció que Ecuador inició la deportación de ciudadanos colombianos encarcelados en su territorio sin previo acuerdo ni protocolo conjunto. La Cancillería colombiana calificó la medida como un “gesto inamistoso” y elevó una protesta formal ante Quito. Según el comunicado oficial, se están evaluando acciones para frenar lo que consideran “arbitrariedades” contra sus connacionales. Colombia protesta contra Ecuador por deportación masiva de presos sin protocolo.
Más de 800 presos estarían siendo trasladados por la frontera de Ipiales, sin plena identificación ni revisión jurídica previa. La falta de coordinación generó caos en los puntos de recepción, donde las autoridades locales denuncian ausencia total del Gobierno nacional.
Colombia denuncia violación de derechos y normas internacionales
La Cancillería colombiana aseguró que Ecuador ignoró reiteradas solicitudes diplomáticas para diseñar un procedimiento que garantizara derechos y dignidad durante el proceso. En la frontera, el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, alertó que los deportados llegan sin documentación clara y sin verificación penal en Colombia. De ser así, algunos quedarían en libertad automáticamente.
Además, la Cancillería advirtió que este tipo de deportaciones masivas infringen principios básicos del Derecho Internacional. La situación recuerda tensiones anteriores, como la protesta de Petro contra vuelos con migrantes deportados desde EE. UU., lo cual también generó reacciones diplomáticas.
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El origen de la medida: hacinamiento y crisis carcelaria en Ecuador
El presidente Daniel Noboa firmó en 2024 un decreto para expulsar extranjeros presos como parte de una estrategia para reducir la violencia y el hacinamiento en las cárceles ecuatorianas. Muchos de los deportados están condenados por delitos como narcotráfico, homicidio y secuestro.
Aunque Ecuador notificó a Colombia de sus intenciones el 24 de julio, la ejecución fue inmediata y sin coordinación operativa. La logística recayó en buses hacia Ipiales, mientras los expedientes permanecen retenidos en la Embajada en Quito. Críticas internas apuntan a la cónsul Paula Andrea Perdomo por no compartir información clave con otros consulados.
