El Gobierno colombiano anunció este sábado una prohibición total a la explotación minera y de hidrocarburos en la Amazonía, una decisión presentada como un paso “histórico” para la protección del mayor bioma del país y uno de los más importantes del planeta. Sin embargo, la medida quedó inmediatamente en suspenso, luego de que el Ministerio del Interior advirtiera que no puede entrar en vigor sin un proceso formal de consulta previa con las comunidades étnicas asentadas en la región.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ambiente, busca frenar la expansión de proyectos extractivos en zonas consideradas estratégicas para la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio hídrico. La cartera ambiental destacó que la Amazonía es el pulmón natural del país y que la presión de economías ilegales, la deforestación y el avance de la minería han puesto en riesgo irreversible sus ecosistemas.
No obstante, horas después del anuncio, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior emitió un dictamen en el que señala que no se realizó el proceso obligatorio de concertación con los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que históricamente habitan estas zonas. De acuerdo con la entidad, cualquier medida que afecte el uso, manejo o aprovechamiento del territorio étnico debe ser consultada antes de su aplicación, conforme al Convenio 169 de la OIT.
El pronunciamiento generó confusión jurídica y política. Mientras sectores ambientalistas celebraron la prohibición y pidieron avanzar rápidamente en la consulta para no frenar la protección del bioma, organizaciones indígenas reclamaron que el Gobierno no puede anunciar decisiones unilaterales sobre territorios ancestrales, por más beneficios ambientales que tenga la medida.
En el Congreso, algunos legisladores de oposición cuestionaron que el anuncio se haya hecho sin cumplir los requisitos legales, mientras que otros sectores reconocieron la intención ambiental pero advirtieron que el procedimiento es clave para evitar demandas, suspensiones o fallos en contra.
Por ahora, la prohibición queda pendiente del proceso de consulta previa, que podría tardar meses dependiendo del número de comunidades involucradas y del nivel de concertación requerido. Entre tanto, las organizaciones amazónicas piden que el Gobierno garantice participación real y no solo un trámite formal.
