El Gobierno de Colombia confirmó este sábado 2 de noviembre de 2025 la extradición de nueve ciudadanos requeridos por la justicia de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.
Los traslados se realizaron bajo estrictas medidas de seguridad desde el aeropuerto militar de Catam, en Bogotá, hacia distintas cortes federales en Florida, Nueva York y Texas.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los extraditados harían parte de estructuras dedicadas al tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica, utilizando rutas marítimas en el Caribe y el Pacífico. Entre los capturados se encuentran presuntos cabecillas logísticos y financieros de redes que mantenían nexos con carteles mexicanos.
El Ministerio de Justicia aseguró que el proceso se llevó a cabo conforme a los tratados bilaterales de cooperación judicial vigentes entre ambos países. Sin embargo, la decisión ha generado debate político, pues ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, derivadas de recientes críticas sobre la política antidrogas y los cultivos ilícitos en Colombia.
El embajador de EE. UU. en Bogotá, Francis Palmieri, destacó la acción del gobierno colombiano y reiteró el compromiso de su país en “seguir trabajando de manera conjunta para desmantelar las organizaciones criminales que afectan la seguridad hemisférica”.
Por su parte, sectores del Pacto Histórico calificaron la extradición como “una medida contradictoria con la nueva política de drogas” del presidente Gustavo Petro, que busca priorizar la sustitución voluntaria de cultivos y el enfoque social sobre la represión penal.
