En medio de una agudización de la crisis diplomática con Donald Trump y su administración en Estados Unidos, el gobierno del Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa una estrategia económica-comercial que busca dos objetivos simultáneos: mitigar los efectos adversos de posibles aranceles estadounidenses y reactivar los sectores agrícolas nacionales. La propuesta central contempla la eliminación progresiva de aranceles para los productos agrícolas colombianos y la legalización de la exportación de cannabis (con fines industriales o medicinales) hacia EE.UU., como respuesta a la tensión bilateral.
¿Qué está motivando esta propuesta?
El detonante lo constituyen las recientes declaraciones de Trump y amenazas sobre aranceles y suspensión de ayuda económica a Colombia, en el marco de una disputa sobre narcotráfico, soberanía y comercio.
En ese contexto, Colombia –fuertemente dependiente de su comercio agrícola– busca diversificar y proteger sus exportaciones ante un escenario de mayor hostilidad comercial.
En concreto, el gobierno colombiano ha planteado públicamente que, si EE.UU. mantiene o incrementa aranceles a otros productos (como flores, café, frutas, manufacturas), entonces Bogotá solicitará “eliminación de aranceles para la producción agrícola y agroindustrial legal” e impulsará la legalización de la exportación de cannabis como bien regulado hacia el mercado norteamericano.
¿Qué implicaría en la práctica?
- Eliminar aranceles agrícolas: Que Colombia busque que EE.UU. elimine o reduzca los aranceles a sus bienes agrícolas –o bien que Colombia reoriente su producción hacia mercados distintos– con el fin de “fortalecer la producción legal y legítima” y evitar que los agricultores caigan en cultivos ilícitos ante falta de mercado.
- Legalización de la exportación de cannabis: El gobierno propone incluir la exportación de cannabis (ya sea para uso medicinal, investigación o productos derivados) como parte de la oferta legal de exportaciones, bajo el argumento de que éste sector puede generar divisas, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la cadena agrícola-industrial.
- Reforma agraria y reconversión productiva: Según los pronunciamientos del gobierno, esta estrategia va acompañada de una propuesta de inversión en reforma agraria, para que campesinos que hoy se ubican lejos de mercados o en zonas de difícil acceso logren insertarse en la cadena agrícola legal, reduciendo incentivos para los cultivos ilícitos.
¿Por qué esta apuesta tiene sentido?
- Colombia es un país con fuerte vocación agrícola — flores, café, fruta, agroindustria — que ha dependido en gran medida del mercado estadounidense. La vulnerabilidad ante aranceles o sanciones se vuelve real si la relación bilateral se agrava.
- La exportación de cannabis ya tiene antecedentes en Colombia (aunque más bien para usos medicinales o industriales limitados) y un marco regulatorio en evolución. Por ejemplo, en 2021 el país permitió la exportación de flor de cannabis seca con fines industriales.
- Desde un punto de vista estratégico, la reconversión de cultivos ilícitos a legales es una meta recurrente en Colombia. Al abrir nuevos mercados (y condiciones) para la agricultura legal, se puede ofrecer una alternativa económica al narcotráfico y al cultivo insurgente.
¿Cuáles son los riesgos o interrogantes?
- Marco legal e internacional del cannabis: Aunque Colombia ha avanzado en la regulación del cannabis medicinal/industrial, exportar masivamente a EE.UU. implica vencer barreras regulatorias, permisos sanitarios, diferencias legales estatales en EE.UU., así como cuestiones de reputación internacional.
- Dependencia del mercado estadounidense: Aunque diversificar es un objetivo, seguir apostando fuertemente a EE.UU. puede dejar al país nuevamente expuesto a decisiones externas.
- Resistencia interna y externa: Los sectores agrícolas tradicionales pueden sentirse desplazados o inseguros ante una propuesta que abre la puerta al cannabis como cultivo comercial mayor. Además, el mercado internacional puede no absorber de inmediato grandes volúmenes.
- Contexto diplomático tenso: La propuesta se lanza en un momento de alta tensión con EE.UU., lo que podría limitar su eficacia o generar contrapresión en otros sectores (no sólo agrícolas).
- Infraestructura, logística y costos: Cambiar cultivos, certificar procesos, cumplir con normas de exportación de cannabis o agroindustriales demanda inversión, supervisión, logística, lo que puede implicar un reto especialmente en zonas rurales desfavorecidas.
¿Cuál es el estado actual de la propuesta?
Hasta ahora, la iniciativa está enunciada a nivel discursivo por el gobierno de Petro y manifestada en pronunciamientos públicos. Por ejemplo, el presidente Petro publicó en redes sociales que “propongo al señor Trump lo contrario: que sean eliminados los aranceles a la producción agrícola y agroindustrial colombiana, e impulsamos la exportación regulada de cannabis como cualquier bien”.
No obstante, todavía no se ha publicado un decreto específico, ni se han detallado acuerdos bilaterales concretos con EE.UU. que permitan la exportación de cannabis colombiana a ese mercado bajo nuevos términos.
¿Qué viene en el corto y mediano plazo?
- Negociaciones internacionales: Colombia deberá abordar con EE.UU. y otros socios las barreras arancelarias agrícolas existentes, posiblemente a través de mecanismos multilaterales o bilaterales.
- Marco regulatorio interno: Ajustes a la legislación colombiana para facilitar la producción, licenciamiento y certificación del cannabis con fines de exportación, así como garantizar trazabilidad, control sanitario y cumplimiento internacional.
- Inversión en zonas rurales: Implementación de reformas agrarias, programas de reconversión productiva, apoyo técnico y financiero a agricultores para cambiar a cultivos legales.
- Monitorización de efecto comercial: Evaluar cómo responden los mercados agrícolas tradicionales frente a este nuevo planteamiento y los efectos de los aranceles o presiones estadounidenses.
- Comunicación diplomática activa: Dado el momento de tensión, Colombia tendrá que actuar diplomáticamente para que esta propuesta no sea percibida como chantaje, sino como solución legítima a un problema compartido.
Conclusión
La propuesta del gobierno colombiano de eliminar aranceles agrícolas y apuntar a la legalización de exportación de cannabis hacia EE.UU. surge como una maniobra estratégica ante una crisis diplomática y comercial. Si bien posee elementos de sentido económico, de diversificación productiva y de justicia social rural, su éxito dependerá de la capacidad del país para negociar con EE.UU., reformar su marco interno, asegurar la competitividad de sus productos y gestionar los riesgos inherentes. En un momento en que la agricultura legal y la exportación pueden convertirse en alternativas a economías ilícitas, esta estrategia podría marcar un punto de inflexión, siempre que se implemente con solidez.
