La alarmante llegada del fentanilo a Colombia plantea una amenaza inminente que exige una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades, la sociedad y el sector de la salud. Esta droga, cincuenta veces más potente que la heroína, ha dejado su huella en distintas ciudades del país, y su ingreso irregular desde el extranjero se ha convertido en un grave problema de salud pública.
Las evidencias señalan que el fentanilo no proviene de centros de producción locales, sino que ingresa al país a través de rutas internacionales desde Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay y otros países europeos. La falta de control en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas ha permitido que esta sustancia peligrosa penetre en suelo colombiano, afectando a distintos estratos sociales y generando consecuencias mortales.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional ha identificado cómo esta droga se infiltra desde el sector hospitalario, donde su uso legal está regulado y controlado. Sin embargo, la desviación y el hurto desde droguerías de hospitales han abierto la puerta a la comercialización ilegal y al uso recreativo, poniendo en riesgo la vida de aquellos que caen en sus garras.
Es fundamental reconocer que el fentanilo tiene aplicaciones médicas legítimas en el tratamiento del dolor bajo estrictos protocolos de seguridad. Sin embargo, su desvío hacia el mercado recreativo ha desencadenado una serie de tragedias, con víctimas que experimentan desde analgesia hasta depresión respiratoria. Las cifras de intoxicaciones y las alarmantes muertes asociadas al consumo recreativo refuerzan la gravedad del problema.
Colombia se enfrenta a un desafío sin precedentes, ya que las leyes actuales no están preparadas para enfrentar los estragos de esta droga altamente adictiva. La regulación y clasificación del fentanilo como una sustancia ilícita son pasos cruciales para abordar esta amenaza de manera efectiva. La sociedad colombiana debe movilizarse para exigir cambios legislativos que permitan la captura y persecución de quienes perpetúan este peligroso comercio.
La reciente identificación de centros de acopio irregular en ciudades como Cali subraya la urgencia de medidas concretas. La infiltración en hospitales y la desviación desde el sector salud evidencian la complejidad del problema, exigiendo una respuesta integral que incluya no solo la persecución de los responsables, sino también la prevención y el tratamiento para quienes ya han caído en las garras del fentanilo.
En resumen, Colombia se encuentra en una encrucijada crítica frente al fentanilo, y la respuesta debe ser rápida, efectiva y abarcadora. La sociedad, las autoridades y el sector de la salud deben unirse en un esfuerzo conjunto para erradicar esta amenaza mortal y proteger el bienestar de la población colombiana.
