Colombia ha lanzado una fuerte repulsa contra los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones que, según Washington, serían narcolanchas vinculadas al narcotráfico. Este rechazo se produjo durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde el representante permanente del país, Luis Vargas, denunció que esos operativos se han llevado a cabo “al margen del derecho internacional”.
Vargas subrayó que “la fuerza letal solo es legítima como último recurso ante una amenaza inminente”, al referirse a los ataques, que no calificó como parte de un conflicto armado, sino como acciones que deberían enmarcarse dentro de la aplicación de la ley. En su intervención, el diplomático hizo hincapié en que combatir la delincuencia organizada no justifica que un Estado recurra directamente a la fuerza letal sin respetar los estándares legales y de derechos humanos.
El pronunciamiento colombiano se da en medio de una serie de al menos veinte ataques estadounidenses contra barcos en el Caribe y el Pacífico, de acuerdo con fuentes diplomáticas y medios internacionales, bajo el argumento de que esas embarcaciones transportaban droga. Según la Cancillería colombiana, estas acciones habrían ocasionado la muerte de decenas de personas.
Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro ha insistido en que estas operaciones no solo representan una violación a la soberanía nacional, sino que también podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Petro ha lamentado además la falta de una condena más contundente por parte de otros países latinoamericanos, al denunciar un “silencio” que hace que estas acciones persistan con impunidad.
Desde la ONU, algunos altos funcionarios han cuestionado la legalidad de los bombardeos, argumentando que no hay evidencia pública sólida de que todas las personas dentro de las lanchas representaran una amenaza inminente.
A raíz de estas tensiones, Petro también ordenó suspender la cooperación de inteligencia con Estados Unidos. El presidente aseguró que la lucha contra las drogas debe estar subordinada a los derechos humanos, especialmente los de los pueblos del Caribe que, según él, han sido impactados por estos ataques.
Washington, en respuesta, argumenta que sus operativos se dirigen contra organizaciones narcoterroristas y que sus acciones son parte de una estrategia legítima para frenar el trasiego marítimo de droga.
Este episodio ha escalado las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, dos aliados históricos en la lucha contra el narcotráfico, y abre un debate profundo sobre el uso del poder militar en zonas marítimas internacionales, el respeto al derecho internacional y la rendición de cuentas frente a posibles violaciones de derechos humanos.
