El Gobierno de Gustavo Petro enfrentó en 2025 una serie de desafíos que pusieron en jaque su gestión frente al sector transporte. Entre los principales problemas estuvieron el aumento de las tarifas de peajes en vías concesionadas y las alzas en el precio del ACPM, factores que encendieron las alarmas entre transportadores y comunidades afectadas.
Impacto
Durante el primer trimestre del año, los conductores vieron cómo las tarifas de peaje registraron un incremento acumulado del 27,5% en solo 18 meses. Este ajuste, producto de decisiones acumuladas y ajustes diferidos, generó un profundo descontento en varios sectores. Además, la instalación de diez nuevas casetas durante 2025 complicó aún más el panorama, convirtiendo este tema en una de las principales “papas calientes” de la administración.
En paralelo, los transportadores alzaron su voz contra el incremento del precio del diésel. En enero, el galón de ACPM subió $169, alcanzando los $10.725, una medida que se sumó al alza de $400 implementada en diciembre de 2024 como parte de los acuerdos derivados del paro camionero de septiembre. Estas subidas, explicadas por indexaciones anuales y ajustes en la estructura de costos, fueron vistas por los gremios transportadores como un incumplimiento de los compromisos establecidos con el Gobierno.
Tensiones
Ante este escenario de tensiones, el Ejecutivo buscó mitigar el impacto social y político de las medidas. La ministra de Transporte, María Constanza García, inició conversaciones con las concesionarias viales para renegociar algunos contratos, mientras que el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, sostuvo encuentros con representantes de los gremios en Santander. Estas reuniones evitaron, por el momento, un nuevo paro camionero, aunque no lograron disipar por completo el malestar generalizado.
El presidente Petro y su gabinete enfrentaron así uno de los periodos más críticos de su gestión, en medio de un delicado equilibrio entre los compromisos fiscales y la presión social. Este capítulo evidenció los retos de mantener la sostenibilidad económica sin desbordar el descontento ciudadano, un desafío que marcó el 2025 como un año clave en la agenda del gobierno.
