Este viernes 1 de agosto se marcará una página inédita en la historia judicial de Colombia: el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria, al ser hallado culpable de fraude procesal y soborno de testigos. Este fallo representa la primera vez que un exmandatario recibe una sanción penal efectiva en primera instancia. La jueza Sandra Heredia dictaminó su condena tras 475 días de proceso, argumentando que aunque Uribe mostró buena conducta durante el juicio, su influencia pública podría obstruir la justicia .
La Fiscalía solicitó la pena máxima de hasta nueve años de prisión, mientras que la defensa alegaba la necesidad de mantener la libertad del exmandatario hasta agotar las vías de apelación. Finalmente, se optó por un periodo de doce años en detención domiciliaria, con aplicación inmediata del fallo ante el riesgo de fuga .
La decisión ha polarizado aún más el ambiente político. Sectores de izquierda y víctimas de crímenes de Estado saludan la sentencia como un avance en la justicia, mientras que simpatizantes del partido Centro Democrático denuncian lo que consideran un “lawfare” contra Uribe .
Este fallo será clave en el escenario electoral que se aproxima hacia 2026 y pone en el centro el debate sobre poder, rendición de cuentas y la independencia del sistema judicial.
