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El pasado 22 de noviembre, Popayán se convirtió en epicentro de un debate político y jurídico de alcance nacional. La incorporación de los reconocidos juristas Jesús Alberto Gómez Gómez y Óscar Muñoz Bermeo a la defensa ciudadana marca un antes y un después en la exigencia de cumplimiento de la justicia frente a la Secretaría de Tránsito. La sentencia judicial es clara: deben eliminarse de las bases de datos todas las multas prescritas, cerrando un capítulo de incertidumbre para miles de conductores que durante años fueron afectados por la negligencia administrativa.
Detrás de esta lucha está JM & Abogados & Asesores, firme en su compromiso de sacar a la luz la verdad y garantizar que la ley no sea letra muerta. Desde 2024, su equipo jurídico ha presentado estudios técnicos y derechos de petición advirtiendo sobre la improcedencia del cobro de obligaciones vencidas. Sin embargo, la administración municipal, bajo la gerencia de Lizeth Vanessa Plazas y la dirección del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, decidió ignorar estas advertencias. En lugar de corregir el rumbo, se destinó tiempo institucional y recursos públicos para sostener el cobro de deudas que la ley ya considera inexigibles, generando una evidente vulneración de principios de transparencia y eficiencia.
Refuerzo jurídico de alto nivel y control ciudadano
La llegada de Gómez Gómez, Muñoz Bermeo y el acompañamiento del exmagistrado Germán Pabón representa un refuerzo jurídico sin precedentes en defensa de los derechos de los ciudadanos. Su intervención busca garantizar que la Secretaría de Tránsito cumpla de manera efectiva la sentencia y depure de inmediato la cartera de multas prescritas. Este equipo no solo actúa como garante de la ley, sino también como un ejemplo de vigilancia ciudadana rigurosa que envía un mensaje claro: la negligencia administrativa no quedará impune.
El caso ha desatado un intenso debate político y social, mostrando que la Alcaldía estaba plenamente consciente de los riesgos jurídicos de sus decisiones. La conformación de un equipo interno para mantener el cobro de multas prescritas evidencia una confrontación directa con la ciudadanía y un uso indebido de recursos públicos. JM & Abogados deja claro que esta investigación y defensa no buscan intereses particulares: buscan la verdad y el cumplimiento de la ley. Popayán se convierte así en un referente nacional sobre derechos del conductor, control administrativo y exigencia de transparencia, mientras la ciudad sigue reclamando justicia y eficiencia en la gestión pública.
