Martha Carvajalino y Olga Alfonso cruzaron versiones por el cobro de agua a arroceros.
Durante la más reciente Mesa Arrocera realizada en Bogotá, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lanzó fuertes críticas contra la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), señalando presuntas irregularidades en la forma como esta entidad aplica la Tasa por Uso de Agua (TUA). Según la jefa de la cartera agrícola, la interpretación que hace Cortolima de la fórmula para calcular el cobro sería equivocada y perjudicial para los productores, particularmente los arroceros, quienes llevan meses denunciando afectaciones económicas por este motivo.
“Cortolima no actualiza los datos ni aplica la fórmula como corresponde. Todo se interpreta de forma más gravosa”, afirmó Carvajalino, al tiempo que insistió en que ya se podrían hacer ajustes a la fórmula actual mientras se avanza en una reforma estructural desde el Ministerio de Ambiente.
La ministra aseguró que, pese a que su cartera y el Ministerio de Ambiente trabajan en un esquema diferencial para el agro, Cortolima no ha mostrado voluntad para flexibilizar la liquidación, lo que en su concepto ha profundizado la crisis financiera del sector arrocero.
Ante las declaraciones de Carvajalino, la directora de Cortolima, Olga Alfonso, no tardó en pronunciarse. Afirmó que la entidad aplica de manera estricta lo estipulado en el decreto 1155 y que cualquier afirmación en contrario parte, posiblemente, de la desinformación.
“Pienso que la ministra ha estado desinformada. Nosotros seguimos lo que ordena el decreto y usamos estudios regionales actualizados, no nacionales, como exige la norma”, sostuvo Alfonso. Explicó además que Cortolima abandonó el uso del Estudio Nacional del Agua por uno propio, con indicadores detallados por subzonas hidrográficas.
También reveló que desde hace varios meses ha solicitado mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente para revisar fórmulas diferenciales para sectores agrícolas, sin obtener respuesta. “Es urgente establecer una fórmula justa. He enviado varios oficios y no hemos sido escuchados”, puntualizó.
Este nuevo rifirrafe institucional deja en evidencia la tensión entre los actores responsables del recurso hídrico en el país y la presión creciente sobre un sector productivo fundamental como el arrocero.
