Cientos de habitantes de Timbío recorrieron las principales calles del municipio en una movilización pacífica para exigir la liberación de las personas que permanecen secuestradas y desaparecidas en el Cauca. La jornada, denominada «Gran Movilización por la Vida, la Libertad y la Paz», reunió a familias, comerciantes, líderes sociales, estudiantes y ciudadanos que rechazaron el recrudecimiento de la violencia y pidieron garantías para vivir sin miedo.
La manifestación se realizó en un contexto de creciente preocupación por este delito en el departamento. De acuerdo con cifras conocidas por las autoridades, 12 personas fueron secuestradas durante el mes de julio en el Cauca, de las cuales 11 continúan privadas de la libertad. Entre los casos más recientes figuran los de Luis Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara, padres del dirigente político Miller Hermosa, la comerciante Sonia Sarmiento y ocho personas que permanecen desaparecidas tras una incursión armada en López de Micay.
Durante la movilización, Miller Hermosa pidió la pronta liberación de sus padres y agradeció el respaldo de la comunidad. Sin embargo, insistió en que el clamor no responde únicamente a su situación familiar, sino al sufrimiento de todas las personas que hoy esperan el regreso de un ser querido. Aseguró que la marcha fue un mensaje de solidaridad con quienes enfrentan la incertidumbre del secuestro y un llamado para que prevalezcan la vida, la libertad y el respeto por la población civil.
Los asistentes coincidieron en que el aumento de estos hechos mantiene en zozobra a las comunidades y afecta la tranquilidad del territorio. Con pancartas, camisetas blancas y mensajes de esperanza, reclamaron respuestas que permitan enfrentar la violencia y evitar que más familias vivan el drama de la desaparición o el secuestro.
Más allá de exigir la libertad de las víctimas, la movilización reflejó el cansancio de una población que continúa soportando las consecuencias del conflicto armado. Para los participantes, la paz no puede limitarse a un discurso, sino traducirse en condiciones que garanticen la seguridad y el derecho de las comunidades a vivir sin temor.
