Desde Neiva, familia víctima del conflicto reclama derechos negados tras muerte violenta del padre.
La historia de Sonia Toro Noguera es la de muchas mujeres que, con el paso de los años, siguen esperando respuestas del Estado. Su lucha no es solo por ella, sino por su hija Daniela Salas, una joven de 24 años en condición de discapacidad, quien según denuncia ha quedado completamente desprotegida tras la muerte violenta de su padre, Gentil Salas Soto, ocurrida el 16 de mayo de 2002 dentro de una finca.
Gentil Salas fue asesinado cuando Daniela apenas tenía un año de edad. Desde entonces, Sonia asegura que nunca recibió ningún beneficio económico ni apoyo derivado de lo que él dejó. Por el contrario, afirma que todo quedó en manos de la primera esposa del hombre, mientras ella y su hija fueron ignoradas por completo.
Una pérdida
Sonia relata que, aunque nunca figuró como esposa legal, convivió con Gentil y su hija lleva el apellido del padre, cuenta con seguro y es reconocida como su descendiente. Sin embargo, en los procesos posteriores, su nombre no aparece. “La única hija discapacitada es la mía y no la tuvieron en cuenta”, afirma con dolor.
Según su testimonio, la primera esposa habría vendido el terreno que Gentil tenía y cobrado un seguro, dejando a Daniela sin ningún respaldo. Sonia insiste en que nunca recibió dinero ni ayuda alguna y que hoy sobrevive haciendo limpiones, tapetes y trabajos manuales para poder llevar comida a su casa.
Proceso enredado
El mayor reclamo va dirigido a la entidad encargada de la Restitución de Tierras. Sonia denuncia demoras, malos tratos y falta de claridad. Asegura que han pasado más de seis meses sin que el caso sea enviado a un juzgado para que un juez defina qué derechos le corresponden a su hija.
Mientras tanto, la situación económica es crítica. Madre e hija cambian constantemente de vivienda porque no pueden pagar arriendo y, según cuenta Sonia, muchos propietarios se niegan a arrendarles debido a las crisis que presenta Daniela por su condición.
Pedido urgente
Sonia hace un llamado directo a las autoridades para que “se pongan la mano en el corazón” y actúen. Pide que el caso sea revisado por un juez y que se garantice protección real para su hija. “No es política, es humanidad”, afirma.
Finalmente, agradece el apoyo de líderes sociales y organizaciones que han estado pendientes de su situación, pero insiste en que su lucha seguirá hasta que Daniela tenga la protección y la dignidad que merece.
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Foto: Sonia Toro Noguera, denunciante
