La historia de Steven Mendoza refleja el malestar creciente de varios ciudadanos frente al manejo de los procesos de inmovilización de vehículos en Cali. Según su denuncia, su motocicleta fue inmovilizada el pasado 8 de junio en el sector de Terrón Colorado, y tres días después, cuando fue a reclamarla, se encontró con un panorama inesperado: su moto presentaba golpes, rayones y daños visibles.
Mendoza asegura que, al momento del procedimiento, el vehículo estaba en perfectas condiciones mecánicas y estructurales, y que incluso grabó imágenes antes del traslado. “La moto estaba bien, no tenía ni un rasguño. Por eso me sorprendió tanto cuando la vi destrozada”, afirmó.
Al solicitar explicaciones en los patios autorizados, una funcionaria del lugar le habría confesado que, durante el transporte, la grúa dejó caer cinco motocicletas, incluida la suya. Este dato encendió las alarmas del ciudadano, quien inmediatamente quiso iniciar un proceso de reclamación.
Sin embargo, según su relato, no encontró ninguna ruta oficial para presentar su queja. “No me dieron un formato, un número de radicado, nada. Solo me decían que esperara, pero nadie se hacía responsable”, denunció.
La falta de respuestas lo obligó a acudir a un intermediario, quien le ofreció como alternativa llevar el vehículo a un taller no autorizado, con la promesa de una reparación rápida. Mendoza rechazó esa opción, alegando que no confiaba en las condiciones del servicio ni en la legalidad del procedimiento.
“Yo no tengo por qué aceptar soluciones informales. Mi vehículo estaba en perfecto estado, y exijo que se hagan responsables del daño. ¿Por qué tengo que salir yo perjudicado por un error que ellos cometieron?”, cuestionó.
Además de los daños físicos, Mendoza asegura que ha tenido que interrumpir sus actividades diarias, ya que depende de la motocicleta para movilizarse y trabajar. “Es mi herramienta de trabajo. Esto no es solo una pérdida económica, sino también de tiempo y estabilidad”, explicó.
Ante la ausencia de canales de respuesta, el ciudadano manifestó su intención de presentar una queja formal ante la Personería de Cali, y no descarta emprender acciones legales contra la entidad contratista encargada del traslado vehicular.
“Uno paga impuestos, cumple las normas, y cuando cometen errores nadie da la cara. Es injusto que los ciudadanos tengan que pelear para que les respeten sus derechos”, expresó con frustración.
El hecho reabre el debate sobre la falta de control y supervisión a las empresas contratistas que prestan el servicio de grúas y patios en la capital vallecaucana, y la necesidad urgente de revisar los protocolos de operación y atención al usuario.
Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de tránsito de Cali ni de la empresa vinculada con la grúa involucrada en este caso.
Organizaciones de usuarios y defensores del consumidor han alertado en varias ocasiones sobre vacíos legales y la desprotección en la que quedan los ciudadanos en situaciones similares.
Para Mendoza, su caso no debe quedar en el olvido. Por eso decidió hacerlo público, con el fin de que otras personas se animen a denunciar si atraviesan por casos parecidos. “Hoy fui yo, mañana puede ser cualquier otro”, advirtió.
También pidió al Departamento Administrativo de Tránsito de Cali (DATIC) investigar lo ocurrido, garantizar que los operadores cumplan con estándares técnicos y brinden canales de atención reales a los afectados.
Mientras espera una solución concreta, su motocicleta sigue inactiva. Y él, como tantos otros ciudadanos, sigue exigiendo algo básico: respeto, reparación y responsabilidad.
