Una nueva polémica rodea la administración municipal de Acevedo luego de que el abogado Miguel López instaurara una demanda ante la Procuraduría Provincial de Garzón contra el proyecto de endeudamiento presentado por el alcalde Edgar Prada Sterling y avalado por el Concejo Municipal. La iniciativa autorizó un crédito por cinco mil millones de pesos destinado a la compra de maquinaria amarilla, decisión que ha generado un intenso debate en el ámbito político y ciudadano del municipio.
De acuerdo con la demanda, el cuestionamiento central radica en el impacto financiero que dicha deuda tendrá sobre las arcas municipales, las cuales quedarían comprometidas por un periodo superior a cinco años. El accionante considera que la medida podría afectar la sostenibilidad fiscal del municipio y limitar la capacidad de inversión en otros sectores prioritarios, especialmente en un territorio con múltiples necesidades sociales y de infraestructura básica.
Controversia
El endeudamiento fue defendido en su momento como una herramienta para fortalecer la capacidad operativa del municipio, particularmente en el mantenimiento de vías rurales y atención de emergencias. Sin embargo, críticos de la iniciativa sostienen que no se habrían evaluado de manera suficiente los riesgos financieros ni las alternativas existentes para la adquisición de la maquinaria, lo que hoy pone en entredicho la planeación administrativa del gobierno local.
La controversia también ha salpicado al Concejo Municipal, corporación que aprobó el proyecto, pues sectores ciudadanos cuestionan el alcance del debate previo y la rigurosidad del análisis técnico y presupuestal realizado antes de autorizar el crédito. Para algunos líderes locales, el caso evidencia la necesidad de fortalecer los ejercicios de control político y la participación ciudadana en decisiones de alto impacto económico.
Desde el entorno del alcalde Edgar Prada Sterling se ha insistido en que el endeudamiento se ajusta al marco legal y responde a una visión de desarrollo que busca dotar al municipio de herramientas propias para mejorar la infraestructura vial y reducir costos operativos a largo plazo. No obstante, la demanda ante el ente de control abre un nuevo capítulo que podría derivar en investigaciones disciplinarias o requerimientos adicionales de información.
La Procuraduría Provincial de Garzón deberá ahora evaluar los argumentos presentados y determinar si existieron presuntas irregularidades en el trámite y aprobación del proyecto. Mientras tanto, el debate se traslada al escenario público, donde ciudadanos, dirigentes políticos y organizaciones sociales siguen de cerca el desarrollo del proceso.
