La Defensoría del Pueblo confirmó que más de 10.000 personas han sido desplazadas en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y operaciones militares. La mayoría de las víctimas son campesinos e indígenas que se han visto forzados a abandonar sus territorios por amenazas, combates o presencia de minas antipersonal.
Organismos humanitarios denunciaron que la atención estatal ha sido insuficiente y que muchas familias desplazadas no han recibido albergue ni ayuda alimentaria. La situación es particularmente grave en la cordillera occidental del Cauca, donde disidencias de las FARC y el ELN se disputan el control de rutas estratégicas para el narcotráfico.
