En la mañana del jueves 11 de septiembre de 2025 las autoridades de Medellín cerraron el ingreso al barrio Loreto (sector La Asomadera / vía Las Palmas) por la posible presencia de artefactos explosivos tras un atentado ocurrido la noche anterior en el que fue derribada una torre de transmisión de energía. Equipos antiexplosivos realizaron operaciones y una detonación controlada fue confirmada por las autoridades. La Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables; el Gobierno local y la Gobernación anunciaron refuerzos de seguridad y operativos de búsqueda.
Desarrollo de los hechos
La secuencia de acontecimientos comenzó la noche del miércoles 10 de septiembre, cuando se registró una fuerte explosión en el sector de La Asomadera —colindante con el barrio Loreto, en el centro-oriente de Medellín— que derribó al menos una torre de alta tensión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y generó daños materiales en edificios cercanos. Testigos reportaron un estruendo que se escuchó en varias zonas de la ciudad y grabaciones difundidas en redes muestran la magnitud del estallido. Las imágenes publicadas por medios locales muestran la torre caída y una bandera atribuida a las disidencias del Frente 36 en el lugar.
A primera hora del jueves 11 las autoridades retornaron al sector para inspeccionar la zona y revisar la posibilidad de artefactos remanentes. Por prevención se cerraron vías de acceso y se evacuaron puntos cercanos mientras especialistas antiexplosivos de la Policía y unidades de emergencia evaluaban el terreno. En el operativo se registró al menos una detonación controlada de material que no había detonado durante el ataque inicial, maniobra que las autoridades confirmaron como parte de las labores de seguridad para eliminar riesgos a la población.
La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia se reunieron en un consejo extraordinario de seguridad y anunciaron medidas inmediatas: envío de refuerzos militares (se confirmó el arribo de alrededor de 100 uniformados de fuerzas especiales urbanas), presencia reforzada de policía, y operativos de investigación coordinados por la Fiscalía General de la Nación. Además, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien proporcione información que permita la ubicación y judicialización de los responsables. Las autoridades han señalado con sospecha la participación de las disidencias del Frente 36, por un mensaje encontrado en el lugar y por la hipótesis de retaliación frente a operativos en el norte de Antioquia.
Fuentes oficiales y reportes de prensa indican que, pese al impacto estructural sobre la torre, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad por el hecho; sí hubo daños materiales en por lo menos una unidad residencial (vidrios rotos y afectación en fachadas). EPM y las autoridades informaron que las labores de reparación y valoración solo pueden avanzar cuando se confirme que el área está completamente libre de nuevos artefactos y se garantice la seguridad de las cuadrillas.
Contexto y antecedentes
El ataque a infraestructura eléctrica no es un hecho aislado en 2025: en meses previos se han registrado atentados contra torres y redes de transmisión en zonas rurales y periurbanas del país, muchos de ellos atribuidos a grupos armados ilegales y disidencias que buscan afectar servicios, presionar a las autoridades o proteger corredores ilegales. Los líderes locales han advertido que estos ataques representan un cambio en la estrategia de algunos grupos: pasar de confrontaciones rurales a acciones que afecten núcleos urbanos y servicios esenciales, lo que incrementa el riesgo para la población civil. Las autoridades subrayan que la afectación a la infraestructura crítica implica un doble daño: riesgo inmediato por explosivos y repercusiones en suministro, comunicaciones y economía local si los daños se extienden.
La hipótesis de retaliación —según el alcalde y el gobernador regional— vincula el atentado con operativos recientes contra el Frente 36 en el Norte de Antioquia, donde actores del orden público habrían abatido a varios integrantes en semanas anteriores; desde esa lectura, las disidencias buscarían enviar un mensaje de fuerza y recuperar control en corredores estratégicos. Las investigaciones de la Fiscalía y la inteligencia militar están orientadas a confirmar responsabilidades y a rastrear cadenas logísticas: adquisición de explosivos, transporte y células que operan en la ciudad.
Reacción institucional y ciudadana
- Gobernación y Alcaldía: Consejo de seguridad extraordinario; oferta de recompensa; coordinación con Fiscalía y Ejército.
- Policía y Ejército: Operativos de control, envío de 100 soldados de fuerzas especiales urbanas y trabajo de antiexplosivos para limpiar el área.
- EPM: Valoración de daños y suspensión hasta nuevo aviso de trabajos de reparación en el punto afectado; evaluación técnica para restablecer la normalidad con seguridad.
- Vecinos y testigos: Descripción de noche de terror, daños en vidrios y la circulación restringida por prevención; reclamo por mayor presencia estatal y protección.
Qué sigue (investigación y medidas)
La Fiscalía abrió investigación penal por delito de terrorismo y daños a infraestructura crítica; las autoridades de inteligencia trabajan en pistas que podrían llevar a capturas a corto plazo. Mientras tanto, se mantendrán cierres temporales y se consolidarán medidas de prevención en puntos neurálgicos de la ciudad. Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, no difundir material que pueda entorpecer la investigación y reportar cualquier información sobre movimientos sospechosos al número de atención de la Policía y las líneas habilitadas por la Alcaldía.