Más de 900 vuelos fueron suspendidos este viernes en Estados Unidos debido a la parálisis presupuestaria del gobierno federal, que ya supera un mes de duración y se ha convertido en el shutdown más largo en la historia del país. La Administración Federal de Aviación (FAA) se vio obligada a reducir operaciones en 40 aeropuertos por la falta de personal, ya que miles de trabajadores —entre ellos controladores aéreos, técnicos y agentes de seguridad— no han recibido salario desde hace semanas.
Los efectos son visibles en los principales aeropuertos del país, como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Washington, donde los tableros de vuelos están colmados de avisos de cancelación o demoras. De acuerdo con el portal FlightAware, hasta las tres de la tarde se registraban 918 vuelos cancelados y numerosas demoras, algunas de más de dos horas. En Nueva York, el 80 % de los controladores aéreos no se presentó a trabajar, reflejando el nivel de agotamiento del personal.
La FAA inició un recorte del 4 % de los vuelos domésticos, que podría aumentar a un 10 % la próxima semana si no se aprueba un nuevo presupuesto. Aunque los vuelos internacionales siguen operativos, el tráfico interno —sobre todo los trayectos cortos— es el más afectado. La situación ha generado filas interminables, caos en los aeropuertos y frustración entre los pasajeros, muchos de los cuales quedaron varados sin alternativas claras de transporte.
Las aerolíneas American, United y Delta respondieron ofreciendo cambios de itinerario o reembolsos sin penalización, mientras el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que si la crisis continúa, el impacto podría agravarse durante las fiestas de Acción de Gracias, una de las temporadas más activas del año para el transporte aéreo.
Desde los gremios, la Asociación Nacional de Controladores Aéreos alertó sobre la fatiga y el estrés que enfrentan los trabajadores al operar sin sueldo y bajo gran presión. La situación refleja una crisis social y laboral que se suma al caos logístico y a la creciente irritación ciudadana.
El cierre del gobierno —originado por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto federal— ha paralizado servicios esenciales, como inspecciones sanitarias, pagos sociales y atención en agencias públicas. Según estimaciones de The New York Times y Reuters, el costo económico del shutdown asciende a 6.000 millones de dólares semanales, debido a la pérdida de productividad y los gastos adicionales en transporte y seguridad.
La Casa Blanca, encabezada por Donald Trump, asegura que busca una “salida negociada y responsable”, aunque las negociaciones en el Congreso permanecen estancadas. Cada día sin acuerdo aumenta la tensión política, el malestar social y la incertidumbre económica.
En el fondo del conflicto hay tres puntos de disputa principales:
- Gasto social y sanitario: los demócratas defienden mantener las ampliaciones de la Affordable Care Act y la financiación de programas educativos y alimentarios; los republicanos reclaman recortes para reducir el déficit.
- Financiamiento temporal: los republicanos propusieron una “resolución continua” que mantendría el presupuesto sin cambios, pero los demócratas la rechazaron por no incluir mejoras sociales.
- Defensa y migración: los conservadores piden más recursos militares y fronterizos, mientras los demócratas exigen equilibrar el gasto con inversión interna.
La falta de consenso sobre estos ejes impidió aprobar la ley de apropiaciones antes del 1 de octubre, fecha de inicio del año fiscal, lo que llevó al cierre parcial de las agencias federales y a que cientos de miles de empleados públicos trabajen sin remuneración.
En síntesis, Estados Unidos enfrenta una crisis política, económica y operativa sin precedentes, con un sistema aéreo colapsado, funcionarios sin salario, aeropuertos saturados y un gobierno paralizado por divisiones partidistas.
