Se conoció la apertura de un nuevo caso contra la Nación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La causa de la investigación son 25 crímenes cometidos por paramilitares en el departamento de Córdoba entre 1998 y el 2004, además, de los pocos avances presentados en las indagaciones por parte del Estado para determinar quiénes perpetraron dichos asesinatos.
Concretamente, la CIDH abrió este proceso por falta de claridad en los hechos cometidos, en su mayoría, por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al respecto, las pesquisas han señalado que algunas de las víctimas fueron asesinadas con casi 20 disparos. Sin embargo, pese a la crueldad con la que fueron acribilladas las víctimas, los organismos judiciales no han avanzado en las labores para determinar cómo ocurrieron los hechos.
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Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la fecha los mecanismos penales nacionales no han resultado eficaces “para lograr el resultado esperado”. A su vez, detallan en la decisión que, a su juicio, “no corresponde que dichas personas utilicen recursos adicionales a la denuncia penal, toda vez que el Estado no ha demostrado que existan vías ordinarias no utilizadas que permitan subsanar las violaciones alegadas”.
Uno de los últimos casos que la CIDH aceptó contra el Estado colombiano fue la desaparición forzada de dos defensores de derechos humanos que habrían sido secuestrados y desaparecidos por agentes de la Fuerza Pública y paramilitares en octubre de 2000 en Medellín.
En esa época trabajaba el general (r) Mauricio Santoyo como comandante del Gaula de Medellín, motivo por el cual sobre él también recayó dicha investigación.
Desde el año 2002, familiares de ambas víctimas radicaron solicitudes ante la entidad para aseverarles que funcionarios de la seccional Gaula Medellín les habrían interceptado las líneas telefónicas.
En dicha medida, aseveraron que la Fiscalía General de la Nación demoró más de cinco años en involucrar a Santoyo en ese caso pese a que había pruebas que demostraban su responsabilidad en las “chuzadas” contra los defensores de derechos humanos.
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La CIDH anunció que uno de los casos que abordará de forma sustitutoria es el de Jairo Enrique Caret, asesinado el 3 de agosto de 1992 tras haber sido desaparecido tras salir a realizar un mandando. Pero no fue sino hasta 2006 que su cuerpo fue hallado en una fosa común de la finca Varsovia, Córdoba.
Según las primeras indagaciones, en ese sitio los paramilitares habrían dejado el cuerpo de Caret junto al de otras personas.
De otro lado, el Estado ha asegurado a la Comisión Interamericana que varios hechos ocurrieron antes de 1985, año en que Colombia se acogió a la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que la CIDH no tiene competencia para investigar.
Sin embargo, dicha entidad internacional le contestó a la Nación de manera tajante explicándole que, al no garantizarse los derechos de las víctimas, el país ha incurrido en una violación a los derechos humanos de manera continuada al no esclarecerse los asesinatos.
En ese sentido, señalaron que los crímenes no se pueden reunir en una misma unidad de espacio y tiempo, pues estos habrían ocurrido en un periodo de veinte años.
