La guerra interna entre grupos disidentes de las FARC ha recrudecido el panorama de violencia en varios municipios del sur del Cauca, especialmente en zonas rurales de Argelia, Balboa y El Tambo, donde los enfrentamientos armados y las amenazas a la población civil se han intensificado en las últimas semanas.
Según fuentes de organismos de derechos humanos y líderes comunitarios, las disputas entre estructuras del Estado Mayor Central y el Frente Carlos Patiño, ambas pertenecientes a las disidencias, se deben a intereses cruzados por el control de rutas estratégicas para el narcotráfico, extorsión y dominio territorial. Esto ha generado desplazamientos forzados, confinamientos y un creciente clima de zozobra entre la población campesina e indígena.
“Estamos viviendo una guerra que no es nuestra. Las familias no pueden salir a trabajar sus tierras por miedo a quedar atrapadas en un combate”, denunció un líder del corregimiento de El Plateado, uno de los más afectados.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas por la grave situación humanitaria, mientras que organizaciones como la ONU y la MAPP-OEA insisten en la necesidad de una intervención integral del Estado que combine presencia militar, inversión social y diálogo territorial.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha reiterado que estos grupos armados no hacen parte del proceso de paz total y ha intensificado operaciones militares en la zona. Sin embargo, las comunidades advierten que la militarización sin garantías sociales puede agravar el conflicto.
El sur del Cauca sigue siendo uno de los territorios más complejos del posacuerdo, donde la disputa entre actores armados ilegales pone en entredicho la posibilidad de una paz duradera.
