Ferro defendió a Matiz, mientras que Hincapié cuestionó irregularidades en el programa.
El Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima volvió a encender la polémica, esta vez con un cara a cara directo entre dos figuras de peso: el diputado Felipe Ferro y el precandidato a la Cámara, Marco Emilio Hincapié. El debate dejó en evidencia las posturas enfrentadas alrededor del manejo de los recursos y la cobertura de este programa vital para miles de niños en el departamento.
Durante su intervención, Ferro defendió férreamente la gestión de la Gobernación, cercana a la mandataria Adriana Matiz, y arremetió contra las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien días atrás insinuó corrupción en la ejecución del PAE.
“Tenemos un presidente irresponsable en su manera de hablar (…) dijo que en el Tolima se estaban robando la plata del PAE, lo cual es totalmente falso. El departamento ha aportado más de lo que le corresponde”, sostuvo el diputado, remarcando que el Gobierno Nacional no ha garantizado el 85% de la financiación que le corresponde por ley.
Por su parte, Marco Hincapié contraatacó señalando que lo grave no son los discursos, sino la falta de control sobre la calidad de la alimentación y el bajo alcance de la cobertura. “En 2025 la cobertura fue solo del 63,5%, es decir, 40.000 niños se quedaron sin alimento. Además, el contrato vence el 13 de septiembre y no hay informes claros en el SECOP”, puntualizó.
El rifirrafe también tocó el espinoso tema de los tiempos legislativos. Ferro insistió en que la Asamblea debía estudiar con rigor las ordenanzas y no aprobar recursos “a pupitrazos”. Hincapié respondió que la Gobernación demoró injustificadamente los trámites, lo que afectó la continuidad del programa en instituciones educativas.
Ambos coincidieron, no obstante, en la urgencia de garantizar la alimentación de los menores, aunque sus diagnósticos sobre el origen de la crisis difieren completamente: Ferro culpó al Gobierno Nacional de politizar el tema, mientras Hincapié acusó a la Gobernación de montar un “show mediático” en lugar de priorizar soluciones reales.
Este enfrentamiento ocurre en un contexto nacional marcado por la controversia, luego de que la gobernadora Adriana Matiz desmintiera directamente al presidente Petro. Matiz sostuvo que el PAE en el Tolima se adjudica mediante licitación pública, descartó irregularidades y lanzó una advertencia: desde octubre los recursos resultarán insuficientes para cubrir a los 85.988 estudiantes que hoy dependen de este programa.
