Renzo García cuestionó propuestas que, según él, amenazan zonas agrícolas regionales.
El debate por el futuro de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) comenzó a tomar fuerza antes de la posesión del nuevo Gobierno Nacional. El representante a la Cámara electo por el Tolima, Renzo García, lanzó una fuerte advertencia tras conocerse una iniciativa impulsada por tres congresistas que busca revocar esta figura de protección territorial, asegurando que la medida pondría en riesgo la economía campesina y la soberanía alimentaria de Colombia.
Según explicó el dirigente político, los congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, del partido Salvación Nacional, junto con Daniel Briceño, del Centro Democrático, enviaron una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitando eliminar las APPA, creadas para proteger terrenos destinados a la producción de alimentos.
Para García, esta propuesta abriría la puerta a un modelo que favorecería la expansión de actividades extractivas y mineras sobre territorios agrícolas, afectando directamente a miles de familias campesinas que dependen de la producción rural. Durante su pronunciamiento, el congresista aseguró que desde el nuevo periodo legislativo ejercerá una oposición firme frente a las decisiones que, según considera, vulneren los derechos del campo colombiano.
El representante electo también hizo un llamado a organizaciones sociales, campesinos y ciudadanos para movilizarse en defensa de las APPA y proteger las zonas agrícolas que actualmente cuentan con esta figura de ordenamiento territorial. En medio de sus declaraciones, García calificó al gobierno entrante como un «tecnofascismo» y aseguró que denunciará cualquier actuación que considere perjudicial para los intereses del sector rural.
El debate adquiere especial relevancia en el Tolima, donde actualmente existen ocho Áreas de Protección para la Producción de Alimentos declaradas oficialmente en municipios como Líbano, Falan, Fresno, Palocabildo, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo. Sin embargo, la gobernadora Adriana Magali Matiz, cercana políticamente al presidente electo, ha expresado en varias oportunidades su desacuerdo con estas declaratorias, argumentando que afectan la autonomía municipal al obligar su incorporación en los Planes de Ordenamiento Territorial.
La mandataria también ha solicitado suspender las resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura, señalando presuntas inconsistencias técnicas y falta de concertación con las comunidades involucradas. Mientras unos sectores consideran que las APPA son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria y preservar los suelos agrícolas, otros sostienen que limitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión. Todo indica que esta discusión será uno de los primeros grandes enfrentamientos políticos entre el nuevo Gobierno Nacional y quienes defienden la permanencia de estas áreas protegidas.
