Un fuerte cruce de versiones entre el Ministerio de Defensa y la Presidencia agitó el panorama político tras el bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de Iván Mordisco en zona rural de Guaviare, donde murieron siete menores de edad. La operación, destinada a frenar una supuesta emboscada contra tropas en terreno, terminó desatando cuestionamientos sobre su legitimidad y los criterios usados para autorizarla.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los reportes de inteligencia advertían de forma anticipada sobre la presencia de adolescentes, quienes —según su versión— estaban armados y cumplían roles activos dentro del grupo ilegal. Bajo esa lectura, afirmó que la condición de combatiente no depende de la edad sino de la función, y que la acción aérea buscaba evitar una amenaza letal contra 20 uniformados.
En contraste, el presidente Gustavo Petro negó que el Gobierno tuviera conocimiento previo de menores en el objetivo militar. Según el mandatario, la información disponible indicaba que las columnas de Mordisco estaban integradas únicamente por combatientes adultos. Petro defendió que la operación se realizó para proteger a los soldados y rechazó comparaciones con otros bombardeos polémicos ocurridos en el país y en el exterior.
