La designación de Víctor Martínez como nuevo Secretario de Planeación Municipal el pasado 1 de Diciembre ha provocado una intensa turbulencia en el gabinete del alcalde Juan Carlos Muñoz, abriendo un debate sobre la influencia de sectores políticos nacionales en las decisiones locales y el manejo del poder en el tramo final de la actual administración.
Martínez, funcionario con trayectoria en articulación institucional y formulación de proyectos, llega al cargo en medio de una ola de críticas y suspicacias que cruzan los pasillos del gobierno. Aunque algunos sectores resaltan su capacidad técnica, otros ven en su nombramiento una movida que responde más a intereses partidistas que a necesidades de gestión.
Acusaciones
Diversas voces dentro y fuera del Concejo aseguran que la llegada de Martínez estaría respaldada por figuras nacionales como el senador Ferney Silva y el representante Jorge Bastidas, quienes, según estas versiones, buscarían consolidar presencia en la administración municipal antes del cierre del ciclo político. Aunque no existen pruebas públicas que confirmen estas presiones, la percepción de que la Secretaría terminó envuelta en un pulso político ha ganado fuerza en la opinión local.
La preocupación se intensifica con las críticas sobre el estilo de dirección de Martínez en cargos previos, descrito por algunos excolaboradores como rígido y poco conciliador, un enfoque que según advierten podría generar tensiones internas en una dependencia clave para la planeación del territorio.
Denuncias bajo la lupa
El reciente retiro de Martínez de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) ha alimentado aún más el debate. Para parte de la dirigencia local, esta salida no fue casual, sino un movimiento estratégico que permitiría ocupar un espacio de alto impacto en la administración municipal justo antes de que el periodo de Muñoz llegue a su recta final.
A ello se agregan denuncias divulgadas por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, en las que se advierte sobre presuntas presiones a contratistas para promover la imagen del gobierno nacional y restringir críticas dentro de entidades públicas. Estas acusaciones, que no han sido verificadas oficialmente, han llevado a sectores ciudadanos y a observatorios democráticos a pedir una vigilancia estricta sobre el papel del nuevo secretario en su relación con la burocracia local.
