El gobierno chino intensificó su campaña contra las iglesias no registradas y arrestó a varios pastores acusados de realizar actividades religiosas sin autorización estatal. Las autoridades clausuraron templos y confiscaron materiales religiosos, reafirmando su política de “control total” sobre las prácticas de fe dentro del país.
La medida ha generado preocupación internacional por la creciente persecución hacia comunidades cristianas independientes, especialmente aquellas que operan fuera del marco oficial del Partido Comunista.
Iglesias bajo vigilancia y control estatal
Según medios locales y organizaciones de derechos humanos, las acciones se centraron en provincias como Henan, Anhui y Sichuan, donde existen numerosas congregaciones domésticas no reconocidas por el Estado. Los templos cerrados pertenecían a iglesias protestantes independientes, muchas de ellas con décadas de historia y una fuerte base comunitaria.
El gobierno chino exige que todas las comunidades religiosas se registren ante la Administración Estatal de Asuntos Religiosos y se sometan a la supervisión directa del Partido. Cualquier grupo que no lo haga es considerado ilegal y susceptible de sanciones.
Pastores arrestados y material confiscado
Varios líderes religiosos fueron detenidos bajo cargos de “perturbar el orden público” y “operar organizaciones ilegales”. En algunos casos, las autoridades confiscaron biblias, equipos audiovisuales y documentación relacionada con donaciones o actividades misioneras.
Activistas denuncian que estas detenciones forman parte de una estrategia para eliminar cualquier espacio de independencia espiritual. “El gobierno busca controlar no solo la religión, sino también la conciencia de las personas”, declaró un portavoz de la organización ChinaAid, con sede en Estados Unidos.
Control ideológico extremo
El endurecimiento de las políticas religiosas forma parte del plan estatal para “sinicizar” la fe, adaptando todas las prácticas a los valores y lineamientos del Partido Comunista. Este programa incluye revisar los sermones, reemplazar símbolos religiosos por imágenes de líderes políticos y prohibir la enseñanza de la fe a menores de edad.
Expertos advierten que este nuevo nivel de vigilancia podría marcar el inicio de una etapa de control religioso extremo, afectando a todas las confesiones, incluidas comunidades católicas, musulmanas y budistas no alineadas con el Estado.
Reacción internacional
Diversas organizaciones de derechos humanos han solicitado a Pekín respetar la libertad de culto y liberar a los pastores detenidos. Sin embargo, el gobierno chino sostiene que sus acciones buscan mantener la “estabilidad social” y prevenir la “infiltración extranjera” en asuntos religiosos.
A medida que el control ideológico se intensifica, la fe en China enfrenta uno de sus mayores desafíos contemporáneos: sobrevivir bajo la estricta vigilancia del Estado.
