Las casas que en apariencia era residencias multifamiliares en Osorno, Puerto Montt y Temuco, tres ciudades de Chile, eran en realidad antros de secuestro, tortura y explotación sexual. Edificaciones viejas llenas de habitaciones sin espacios libres, atiborradas de cámaras de seguridad y con barrotes en las ventanas. Nada, ni nadie, podía escapar.
Cuando la Policía de Investigación de Chile llegó a estas casas fue necesaria la fuerza para poder ingresar. Cada espacio en la casa era vigilado por un circuito cerrado de televisión. Las habitaciones eran reducidos e improvisados cuartos donde apenas cabe una cama.
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Las víctimas, algunas secuestradas durante meses, ni siquiera lograban desempacar su maleta. Debían estar encerradas en las mismas habitaciones que servían de escenario para la explotación sexual. Dormían, desayunaban, almorzaban y comían en las camas. El único espacio libre era los corredores de la casa.
En los allanamientos los investigadores encontraron documentos, sustancias alucinógenas y horas de videos que en Chile se convirtieron en la evidencia contra una red de trata de personas con fines de explotación sexual, liderada por una familia colombiana con nexos en las dos naciones.
La dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró conocer en detalle cómo funcionaba esta red criminal. De cómo reclutaban víctimas en Colombia y las enviaban a Chile. Les imputaron el delito de tortura. Se comprobaron los vejámenes que dejaron secuelas en las víctimas.
La red tenía roles definidos. Mientras unos en Colombia se encargaban de reclutar las víctimas, otros de conseguir los documentos migratorios y hacer las gestiones económicas, en Chile, el resto de la familia recibía, secuestraba y amenazaba a las víctimas. “Les decían que tenían amigos en Chile y que las harían capturar por las autoridades en ese país”, reveló una fuente.
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La familia de criminales estaba integrada por la abuela, una mujer con antecedentes penales por el mismo delito y en la misma ruta: Colombia – Chile. La hija y los nietos cumplían las órdenes de esta “matrona” que en las audiencias parecía estar muy tranquila, hasta que escuchó al juez ordenar su reclusión en una cárcel.
Ninguno aceptó su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía, a pesar de la evidencia, del material de prueba, de verse en los videos y escuchar en los audios que recaudaron los investigadores. Aun así, el juez consideró que es necesaria una medida de aseguramiento en centro carcelario, que estén en la cárcel pues son un peligro para las víctimas, en los audios que obtuvo la Fiscalía quedó plasmada una amenaza.
