Urrego denuncia que, presuntamente, existe favoritismo en la rectoría de la universidad.
La elección del nuevo rector de la Universidad del Tolima, que será definida el próximo 28 de mayo de 2026 por el Consejo Superior, se ha convertido en un proceso rodeado de controversia y señalamientos. Aspirantes y docentes han manifestado que, presuntamente, existen maniobras que favorecen a un candidato en particular, lo que pone en duda la transparencia de la contienda.
La denunciante, Yenni Fernanda Urrego, asegura que únicamente se está mostrando una propuesta con fuerza desmedida, mientras las demás permanecen invisibilizadas. Según su versión, presuntamente se estarían ofreciendo favores políticos y se estaría utilizando la institucionalidad para dar ventaja a un aspirante específico. Urrego hace un llamado para que las candidaturas se lleven de manera equitativa y sin ventajas indebidas, pues considera que la universidad debe garantizar igualdad de condiciones.
En medio de la controversia, se ha señalado que los medios oficiales de la universidad estarían difundiendo únicamente la imagen de un candidato, dejando de lado a los demás aspirantes. Este hecho, presuntamente, ha generado inconformidad entre quienes consideran que la institución debe garantizar pluralidad y transparencia en la difusión de propuestas.
La comunidad universitaria observa con preocupación cómo la elección rectoral, que debería ser un proceso democrático, se ve empañada por denuncias de parcialidad. Estudiantes y docentes coinciden en que la universidad necesita un liderazgo legítimo, capaz de representar a todos los sectores sin sesgos políticos ni presuntas imposiciones.
El malestar no se limita a los aspirantes, sino que se extiende a la opinión pública, que exige claridad en el manejo de la elección. La percepción de que se favorece a un candidato en particular genera desconfianza y pone en riesgo la credibilidad de la institución.
La denuncia también abre el debate sobre la necesidad de revisar los mecanismos de elección en las universidades públicas, para evitar que intereses políticos interfieran en procesos que deberían estar guiados por la meritocracia y la transparencia. La comunidad académica insiste en que la universidad debe ser un espacio de pluralidad y debate, no de presuntas imposiciones.
La controversia continúa creciendo y se espera que las autoridades competentes tomen medidas para garantizar un proceso justo. Mientras tanto, las voces críticas se mantienen firmes en su exigencia de igualdad y transparencia, convencidas de que la universidad no puede permitir que la rectoría se convierta en un escenario de favoritismos.
