Guzmán suspendió el Gimnasio Infantil Los Robles por denuncias de abuso.
Una sombra de indignación y dolor recorre el sur de la Capital Musical tras conocerse una aberrante denuncia que pone en jaque la seguridad de la primera infancia. La Administración Municipal, en una reacción inmediata, ordenó el cierre definitivo de un jardín infantil privado ubicado en el barrio Venecia, luego de que una madre de familia reportara un presunto caso de abuso sexual contra su pequeña hija. El hecho, que ya se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación, activó un despliegue operativo sin precedentes para salvaguardar la integridad de los menores matriculados en dicho centro asistencial.
A primera hora del día, el equipo de inspección, vigilancia y calidad de la Secretaría de Educación se desplazó hasta las instalaciones del plantel. Durante la auditoría técnica, los funcionarios descubrieron un panorama desolador: el establecimiento no solo carecía de los protocolos para enfrentar este tipo de emergencias, sino que presentaba profundas falencias en sus requisitos legales de funcionamiento, infraestructura y modelo pedagógico. Según explicó el secretario Diego Fernando Guzmán, estas irregularidades administrativas impidieron que el jardín activara de manera autónoma la ruta de atención integral que exige la ley para casos de violencia sexual.
Ante la gravedad de los hallazgos y la presión de la comunidad, la operación del jardín fue suspendida de inmediato mediante un acuerdo con la rectora del lugar. La Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Policía de Infancia y Adolescencia, realizó un acompañamiento presencial para asegurar que ninguna evidencia física fuera alterada. La prioridad técnica de la Alcaldía ahora se centra en la reubicación de los cerca de 20 niños y niñas, cuyas edades oscilan entre los 4 y 8 años, quienes serán trasladados a instituciones oficiales de la ciudad previa concertación con sus acudientes.
«Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de violencia contra nuestros niños», sentenció Guzmán, quien hizo un llamado vehemente a las directivas del plantel para que colaboren con la justicia aportando registros, testimonios y grabaciones que permitan esclarecer el rastro del presunto agresor. La Administración Municipal ha dispuesto un equipo interdisciplinario de psicólogos para brindar apoyo a la familia afectada y al resto de los padres que hoy temen por lo que pudo ocurrir tras las puertas de este centro educativo.
El proceso judicial avanza con la premura que exige un caso de esta naturaleza, mientras las autoridades de control educativo en Ibagué anuncian un barrido técnico por otros jardines del sur de la ciudad para verificar que cuenten con las licencias vigentes. Este episodio deja una lección dolorosa sobre la necesidad de supervisar rigurosamente los entornos donde se deposita la confianza del cuidado infantil, esperando que el peso de la ley caiga sobre los responsables de este acto que enluta el corazón de los ibaguereños.
