En labores adelantadas por las autoridades de Migración Colombia en el Puesto de Control Migratorio ubicado en el Puente Internacional de Rumichaca en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, en el municipio de Ipiales, se logró en las últimas horas la captura de un hombre identificado como Raúl Alberto Moreno Trujillo, quien se presume era requerido por la justicia para dar cumplimiento a una sentencia condenatoria en su contra de cuatro años por el delito de cohecho, por lo cual tras corroborar que se trataba de él se adelantó su proceso de detención.
La Fiscalía General de la Nación con respecto a este caso informó que Moreno Trujillo fue declarado culpable a finales del mes de agosto del presente año, razón por la cual un juez del circuito de Florencia, Caquetá, ordenó de manera inmediata una orden judicial de captura tras dictarse la sentencia. El imputado fue detenido por las autoridades en el municipio fronterizo cuando pretendía salir del país, no obstante gracias a las labores de verificación de antecedentes y documentación, fue posible establecer su identidad y establecer que era una persona con deudas con la justicia colombiana.
Las labores investigativas del caso indicarían que un fiscal adscrito a la Unidad de Gestión Pública en Caquetá comprobó que el 5 de febrero de 2014, Moreno Trujillo, quien en dicho momento se desempeñaba como investigador del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, se presentó ante el comando de la Policía municipal con el aparente objetivo de solicitar la expedición de actos que sustentaran una diligencia de allanamiento en un lugar en el que presuntamente había cuatro latas con armas y dinero de las Farc.
La Fiscalía al respecto logró demostrar que el presunto propósito de este exfuncionario era denunciar el decomiso de solo una de las canecas y llevarse las demás, bienes que iban a ser incautados ilegalmente por quienes participaron en el operativo.
Además de la sentencia, el juez encargado del caso determinó que Moreno Trujillo estaba inhabilitado para ejercer la abogacía y la función pública por 80 meses y deberá pagar una multa de 66,66 salarios mínimos legales colombianos, además de cumplir una pena de prisión durante cuatro años, resultado que fue posible gracias al trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía.
