En una contundente acción judicial, la Fiscalía General de la Nación logró identificar y judicializar a tres presuntos integrantes de una estructura delincuencial señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos en el municipio de Buenaventura. Se trata de José Luis Medina Angulo, conocido con el alias de «Viejito»; Jonier Perea Riascos, alias «Junior»; y Víctor Manuel Valencia Riascos, alias «Vitico», quienes estarían involucrados en múltiples casos de desplazamiento forzado ocurridos en esta ciudad portuaria del Valle del Cauca.
Hecho
Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía permitieron establecer que los tres hombres harían parte de un grupo delincuencial organizado denominado Los Cholos II, el cual habría estado operando en la región desde el año 2023. Según las autoridades, esta organización criminal ha sembrado el terror en distintas comunidades, especialmente en barrios vulnerables como Doña Ceci, donde han ejecutado acciones violentas para el control territorial y la extorsión. Uno de los casos más graves atribuidos a los hoy capturados se registró el pasado 25 de noviembre de 2023, cuando un grupo de hombres armados ingresó violentamente al barrio Doña Ceci.
Acusaciones
De acuerdo con las denuncias recogidas por los investigadores, los sujetos intimidaron con armas de fuego a los habitantes, obligando a varias familias a abandonar sus viviendas bajo amenazas de muerte. Aquellas personas que se negaron a salir fueron objeto de intimidaciones adicionales, y a muchas se les exigieron altas sumas de dinero a cambio de permitirles permanecer en el sector. La investigación reveló que unas 16 familias se negaron a abandonar sus hogares, por lo que sus viviendas habrían sido saqueadas por los integrantes del grupo delincuencial. Este hecho generó una grave afectación a la seguridad y tranquilidad de la comunidad, así como un alto impacto humanitario en las víctimas.
Proceso
Ante la gravedad de los hechos, un fiscal especializado imputó a Medina Angulo, Perea Riascos y Valencia Riascos los delitos de concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, cargos que los tres procesados no aceptaron durante la audiencia preliminar. Sin embargo, tras la valoración del material probatorio y el análisis del riesgo para la comunidad, un juez de control de garantías determinó imponerles medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.
