Una estructura criminal dedicada a la venta ilegal de chance y rifas en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, fue impactada por las autoridades en un operativo conjunto liderado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. La red, conocida como ‘Los Monopoly’, habría operado durante años evadiendo el control estatal y generando millonarias ganancias al margen de la legalidad.
Tres personas capturadas y judicializadas
En el desarrollo de la investigación, una fiscal adscrita a la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cundinamarca logró judicializar a tres presuntos integrantes del grupo: Sandra Milena Rico Sabogal, Sandra Judith Pérez y Urbano Fetecua Ayala. De acuerdo con los elementos de prueba, estas personas serían responsables de coordinar la distribución del material de chance, el cobro del dinero a vendedores y la logística para mantener activa la operación ilícita.
Adultos mayores, usados como vendedores
Según el expediente, la organización usaba principalmente a personas de la tercera edad como vendedores, aprovechando su necesidad económica para mantener activa la comercialización en zonas públicas del municipio. Esta modalidad les habría representado ingresos ilegales estimados en más de 600 millones de pesos anuales, afectando directamente los recursos públicos destinados al sistema de salud y las rentas legales del departamento.
Durante las diligencias de registro y allanamiento, las autoridades incautaron una significativa cantidad de evidencia: dinero en efectivo, 162 formatos de chance en blanco, más de 5.200 bonos y cerca de 1.700 boletas para rifas. Este material confirma la magnitud del negocio ilegal que operaba al margen de la regulación estatal.
La Fiscalía les imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Aunque durante las audiencias los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.
Con esta operación, las autoridades reafirman su compromiso con la lucha contra las estructuras que afectan los recursos públicos mediante actividades ilegales. La investigación continúa con el fin de identificar a más integrantes y redes similares que podrían estar operando en otras regiones del departamento.
