Popayán, Cauca — Lo que en apariencia podría leerse como un retroceso paulatino de los combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc se traduce en varias “áreas de vacío” donde grupos ilegales imponen réditos y normas propias. Mientras el gobierno habla de “paz total” tras recientes acuerdos locales, líderes comunitarios aseguran que parte del territorio ha quedado de facto entregado a actores armados.
Habitantes de las veredas de Toribío y Caldono describen controles de paso por parte de guerrilleros que exigen “colaboración” para tránsito de mercancías, limitan la libre movilidad y amenazan con sanciones a quienes denuncien sus prácticas. “Nos piden impuestos ilegales y regulan qué cultivos podemos sembrar; si hablamos con las autoridades, corremos peligro de represalias”, comenta un vocal de acción comunal de Toribío.
El Ministerio de Defensa sostiene que la estrategia de “puerta a puerta” y los diálogos con comités de paz en zona rural han reducido los enfrentamientos directos, y que la creación de puestos de mando unificados permite mayor control. Sin embargo, ONG de derechos humanos reportan que, en paralelo, cuadrillas de disidencias ocupan corredores estratégicos como la vía Panamericana y diseñan retenes ilegales junto a corredores de narcotráfico.
En el último mes, al menos tres denuncias ante la Fiscalía involucraron interceptación de cargamentos agrícolas y extorsiones a comerciantes. “Se difumina la línea entre tregua y rendición. No hay balas volando, pero la imposición de reglas por la fuerza es otra forma de violencia”, explica la investigadora social Andrea Bustamante.
Frente a este escenario, alcaldes municipales del Cauca han pedido a Bogotá mayor presencia institucional y programas de sustitución de cultivos con acompañamiento técnico. El Gobernador, Héctor Laboy, anunció la creación de un “Plan Territorio Seguro” que incluye dotación de vivienda, proyectos productivos y una veeduría local con el INPEC y la Defensoría del Pueblo.
Pese a las promesas, la percepción sigue siendo de “paz a medias”. Organizaciones campesinas convocan a foros y veedurías ciudadanas para supervisar que las rutas de la paz no terminen siendo meros corredores de impunidad. Para muchos en el Cauca, la verdadera prueba será cuando las comunidades puedan transitar sin escoltas y volver a cultivar libremente sin pagar “peajes” a quien controle cada vereda.
