Paz en territorio extranjero: Colombia elige Catar para reunirse con el autodenominado Ejército Gaitanista

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Bogotá, agosto de 2025 — El gobierno del presidente Gustavo Petro ha iniciado un nuevo capítulo en su estrategia de “Paz Total”, proponiendo al emirato de Catar como sede para los diálogos con el grupo armado conocido como Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia. La intención del Ejecutivo es avanzar en un mecanismo de negociación socio-jurídica que permita el sometimiento del grupo a la justicia, en un entorno internacional neutral y seguro.

¿Por qué Catar?

  • Catapulta la propuesta Colombia dado su historial como mediador en conflictos internacionales en Afganistán, Palestina y Sudán, sumado a su política de neutralidad diplomática.
  • El jefe negociador, Álvaro Jiménez, ha realizado varias visitas a Doha para explorar la viabilidad logística y diplomática del mecanismo.

Contexto del proceso de diálogo

  • El presidente Petro anunció el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo fuera del territorio nacional durante un acto oficial en Córdoba, sin especificar el lugar, y vinculándolo a un enfoque jurídico definido como “socio jurídico”.
  • Estas negociaciones han avanzado más allá de la fase exploratoria, aunque siguen siendo de carácter reservado, con detalles pendientes por divulgar.

Dudas y solicitudes internas

  • El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó solicitude por mayor claridad sobre los objetivos y alcances del proceso, reclamando que los actores territoriales sean incluidos para no repetir errores del pasado.
  • La realización de estos diálogos dependerá de la aprobación del proyecto de ley de sometimiento, actualmente en estudio en el Congreso, que establecerá los marcos legales y beneficios de este proceso.

Importancia política y simbólica

Este movimiento representa un esfuerzo por romper con el ciclo de violencia estructural en regiones afectadas por la violencia, enfocándose en la desarticulación del financiamiento del Clan del Golfo. Además, refuerza el compromiso del Gobierno con una estrategia de paz con enfoque legal, enmarcada en normas y con cobertura internacional, buscando generar legitimidad frente a la opinión pública y las instituciones.


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