La Red de Defensa Ciudadana envió un derecho de petición a la junta directiva de la Imprenta Nacional, en el que exige explicaciones sobre su rol en el contrato de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal. El documento plantea dudas sobre la legalidad de la adjudicación y advierte posibles faltas disciplinarias y delitos como peculado, prevaricato por omisión e interés indebido. Caso pasaportes: advierten riesgos penales a junta directiva de la Imprenta Nacional.
La solicitud, radicada el 15 de julio, también se envió a la Fiscalía General. El texto cuestiona que los directivos avalaran el proceso sin cumplir con los principios de transparencia, responsabilidad administrativa y selección objetiva. La Red asegura que los firmantes habrían recibido presiones para firmar acuerdos de confidencialidad sin acceso previo a documentos clave.
Congreso prepara debate y la Procuraduría ya investiga
Mientras el país espera claridad, el Congreso alista un debate de control político para septiembre. La congresista Juana Carolina Londoño alertó que el acceso al pasaporte es un derecho fundamental, y que una mala ejecución del contrato afectaría a miles de ciudadanos en trámites internacionales y movilidad laboral.
La Procuraduría ya abrió una investigación contra Alfredo Saade, jefe del Despacho Presidencial, por posible extralimitación de funciones en el manejo del convenio. Según expertos, si la firma del acuerdo no tiene sustento legal ni presupuestal, podría ser anulada mediante acciones legales.
Además, una queja disciplinaria busca suspender a Saade del cargo por su rol en el proceso. La abogada Alexandra Lozano advierte que si se prueba su influencia indebida, los vicios del procedimiento afectarían la validez del convenio y expondrían al Estado a riesgos jurídicos y financieros.
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Imprenta niega responsabilidad y señala a Cancillería
La Imprenta Nacional respondió a un derecho de petición y aseguró que no ha firmado contratos ni tiene cronograma alguno para producir pasaportes. En su comunicación, precisó que el convenio marco con Cancillería no implica compromisos técnicos ni jurídicos vigentes. Además, recalcó que la responsabilidad recae sobre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La entidad también indicó que no tiene experiencia en la emisión de documentos oficiales de viaje. La veeduría ciudadana advirtió a la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) sobre los riesgos de que Colombia expida pasaportes sin cumplir estándares globales.
