El apoderado legal del Grupo Keralty advirtió que, en caso de que un juez ordene al presidente Gustavo Petro rectificar afirmaciones hechas contra la compañía y este se niegue a acatar la decisión, se analizarán los mecanismos legales disponibles para hacer cumplir el fallo. La disputa surge luego de que el mandatario hiciera declaraciones públicas que, según la empresa, afectan su buen nombre y reputación empresarial. El proceso judicial se convierte así en un precedente para definir hasta dónde puede llegar el discurso político desde la Presidencia sin vulnerar derechos fundamentales.
Más allá del litigio puntual, el caso plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad institucional del jefe de Estado en el uso de sus plataformas oficiales. El debate jurídico podría escalar hasta instancias superiores si se llegara a configurar un desacato, lo que pondría a prueba el equilibrio entre la libertad de expresión presidencial y los límites legales cuando se afectan terceros. En medio de esta tensión, sectores políticos y empresariales siguen de cerca el desenlace, que podría sentar un importante precedente en la relación entre el poder ejecutivo y los actores privados.
