En abril de 2025, el gobierno de México implementó una nueva ley de extranjería que afecta a los migrantes que buscan asilo en el país. La legislación ha sido criticada por organizaciones humanitarias, que afirman que podría violar los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados que huyen de situaciones de violencia.
Los tribunales mexicanos ya han comenzado a recibir demandas contra la ley, y varios grupos internacionales están monitoreando de cerca el caso. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos argumentan que el trato a los migrantes debe basarse en principios de dignidad y respeto, independientemente de su estatus migratorio.
