La Fiscalía ha dado un paso importante en la lucha contra la corrupción al ratificar que cinco individuos serán llevados a juicio en el caso de corrupción DPS, conocido como «Marionetas 2». Según las investigaciones, estos individuos presuntamente formaban parte de una empresa criminal que direccionó contratos de recursos destinados para la paz bajo la influencia de congresistas, entre ellos el detenido senador Ciro Ramírez. La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Katherine Rivera Bohórquez, asistente del exsenador Ciro Ramírez; Anderson González, contratista clave designado por Ramírez; Raúl Alfonso Cardozo, beneficiario de los contratos de Ramírez; Pierre García Jacquier, exdirector del DPS y enlace principal; y Andrés José Ospina, contratista y enlace del senador Miguel Barreto.
Los acusados enfrentan cargos por delitos graves como concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, todos ellos formaban parte de una organización delictiva que buscaba direccionar de manera irregular el contrato 670 de 2021, por un valor superior a los $70 mil millones, provenientes del Fondo de Inversión para la Paz. Estos recursos habrían sido comprometidos a contratistas en beneficio de los intereses de los congresistas involucrados.
Este caso ha revelado una trama compleja de corrupción que involucra a altos funcionarios y políticos. La Fiscalía ha enviado líneas de investigación a la Corte Suprema, destacando las presuntas labores de «viabilización» de recursos ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por parte de varios senadores. Se sospecha que estos senadores buscaban obtener beneficios económicos ilícitos a través de contrataciones direccionadas que favorecían a contratistas vinculados a sus intereses.
