Los exejecutivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, recientemente condenados por un jurado en Estados Unidos debido a sus vínculos financieros con grupos paramilitares en Colombia, ya fueron notificados oficialmente del fallo. El veredicto, resultado de una histórica demanda civil presentada por víctimas del conflicto armado colombiano, los responsabiliza de financiar de manera sistemática a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante su operación en el país entre 1997 y 2004. El tribunal determinó que dichas contribuciones contribuyeron a violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y desplazamientos forzados.
Tras conocer el fallo, los abogados de los exdirectivos anunciaron que están evaluando opciones legales, incluyendo la posibilidad de apelar la decisión. La empresa, que ya había pagado una multa de 25 millones de dólares en 2007 en un proceso penal separado, enfrenta ahora nuevas implicaciones civiles que podrían sentar un precedente en la rendición de cuentas de empresas transnacionales en contextos de conflicto. Las víctimas, por su parte, han celebrado la decisión como un paso hacia la reparación y la justicia. Este caso, que fue llevado a cabo en una corte de Florida, también ha renovado el debate sobre la responsabilidad corporativa internacional en violaciones de derechos humanos cometidas fuera del país de origen de las empresas.
