El caso de corrupción conocido como «Centros Poblados» continúa siendo uno de los más emblemáticos en la justicia colombiana. Emilio Tapia, uno de los principales implicados, fue condenado a seis años y tres meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Sin embargo, el 11 de abril de 2025, el juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla le concedió la libertad condicional por haber cumplido más de las tres quintas partes de su condena. Esta decisión fue apelada por la Procuraduría General de la Nación, que solicitó su revocatoria .
Por otro lado, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, otro implicado, negoció un principio de oportunidad con la Fiscalía, comprometiéndose a devolver más de 12 mil millones de pesos y a colaborar como testigo en contra de otros responsables. El 8 de abril de 2025, el juez 78 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá aprobó este acuerdo, otorgándole inmunidad total por un año y permitiéndole evitar la cárcel .
Este caso ha generado un intenso debate sobre la eficacia de la justicia en Colombia frente a la corrupción, especialmente en proyectos de gran envergadura como el de los Centros Poblados. La sociedad espera que las decisiones judiciales sean coherentes y garanticen la reparación del daño causado al erario público.
