Estas solicitudes no solo son justas y legales, sino que son una obligación constitucional del Gobierno Nacional hacia los vallecaucanos, quienes, en su mayoría, votaron por usted confiando en el cambio prometido y en la solución a estas necesidades.
Por ello, considero un exabrupto que, según chats difundidos en medios de comunicación, se ordene “pararle todo a la gobernadora del Valle del Cauca” como reacción al hundimiento de la consulta popular en el Senado de la República.
Los derechos de los ciudadanos y las competencias del Gobierno Nacional no pueden ser usados como herramientas de presión. Esto sería un uso indebido del poder. Espero que dichas afirmaciones sean solo un malentendido y no reflejen una postura oficial.
Respecto a las acusaciones de “traición” por el resultado de la consulta popular en el Congreso, reitero que no soy congresista ni tengo voto en el Senado. El Congreso, en su autonomía, priorizó la reforma laboral, una lucha que no es solo suya, señor Presidente, sino también mía como líder política con décadas de trabajo por los derechos laborales y sociales. En la democracia, estas causas no son patrimonio de una sola tendencia política, sino que se construyen con el aporte de todos. El Partido de la U, por ejemplo, presentó una ponencia mejorada para fortalecer esta reforma. La decisión de no avanzar con la consulta popular responde a la lógica de un trámite legislativo revivido, pero no es de mi competencia.
Hago un llamado a la cordura y a resolver las diferencias con institucionalidad, sin que los vallecaucanos paguen las consecuencias de desencuentros políticos. Los proyectos y obras son de los ciudadanos, no de los gobiernos.
Lo invito, señor Presidente, a actuar como estadista y no con retaliaciones, como se insinúa en su reciente publicación en X. Trabajemos juntos por el Valle del Cauca, enfrentando la violencia, mejorando su infraestructura y elevando la calidad de vida de sus habitantes. Es nuestro deber con el pueblo.